El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, generó controversia. Lo anterior, al exigir a la empresa inmobiliaria Grupo Proyecta la donación de dos hectáreas de terreno para la construcción de viviendas para policías estatales.
En caso de negativa, advirtió que iniciará un proceso de expropiación sobre cuatro hectáreas de sus propiedades en Lomas de Angelópolis.
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En una conferencia de prensa, Armenta declaró: “Grupo Proyecta, dos hectáreas en un mes o proceso de expropiación a cuatro hectáreas, lo que ustedes decidan, con todo cariño y respeto, pero vamos a trabajar por la seguridad”.
Estas declaraciones han sido interpretadas como una forma de coacción hacia la empresa privada, cuestionando la legalidad y ética de utilizar el poder gubernamental para presionar a particulares.
Legalidad en entredicho: ¿expropiación o extorsión?
La Constitución mexicana establece que las expropiaciones deben cumplir con dos condiciones fundamentales: una causa de utilidad pública y una indemnización justa y previa.
Sin embargo, en este caso, la exigencia de donación bajo amenaza de expropiación pone en duda el cumplimiento de estos requisitos.
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Analistas y expertos en derecho han expresado su preocupación. Señalan que esto podría abrir la puerta a abusos de poder y vulneración de derechos de propiedad privada.
Reacciones y críticas al gobernador Armenta
Diversos sectores de la sociedad, incluyendo empresarios y defensores del Estado de Derecho, han criticado la postura del gobernador Armenta. Señalan que la exigencia de donación bajo amenaza de expropiación constituye una forma de presión indebida y podría considerarse una violación a los principios constitucionales.
Además, mencionan que el gobierno estatal no ha presentado estudios o planes detallados que respalden la necesidad urgente de los terrenos para la construcción de viviendas para policías.
Un peligroso precedente para la propiedad privada
La amenaza expresa por parte del gobernador poblano deja en evidencia el talante autoritario del régimen morenista.
Ante una posible expropiación, el fantasma de Venezuela se hace presente en México. Y es que es sabido por todos la admiración del oficialismo por figuras como Hugo Chávez y sus prácticas dictatoriales.
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Este caso podría sentar un precedente negativo, afectando la confianza de inversionistas y propietarios en la protección de sus derechos de propiedad.