La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un planteo presentado por la defensa del extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, en el marco de la causa «Oil Combustibles». Se trata del expediente en el que se lo condenó a cuatro años y ocho meses de prisión por administración fraudulenta agravada por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.
La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada por la dirigente Elisa Carrió, que apuntó a un supuesto favorecimiento por parte de la AFIP a la empresa Oil Combustibles S.A., propiedad del empresario Cristóbal López, para que pudiera eludir el pago del impuesto a la transferencia de combustibles líquidos entre 2013 y 2015, mediante planes de pago otorgados de manera indebida.
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De esa manera, el 16 de diciembre de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 3 de la Capital Federal condenó a Echegaray a cuatro años y ocho meses de prisión. La sentencia incluyó además la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.
Tras el fallo, el extitular de la AFIP intentó diversas vías de impugnación. Primero, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó un recurso de casación. Ante la negativa, la defensa presentó un planteo de nulidad, que también fue rechazado por improcedente, ya que la resolución solo admitía recurso extraordinario federal. Dicho recurso fue finalmente presentado, pero la Cámara de Casación volvió a rechazarlo por inadmisible.
Solo tras interponer un recurso de queja el caso llegó a la Corte Suprema. Sin embargo, con la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó el planteo al considerar que no se trataba de una sentencia definitiva ni de una resolución equiparable a tal.
La condena contra Echegaray aún no se encuentra firme, ya que restan agotarse las últimas vías recursivas para que la Corte pueda dictar una sentencia definitiva. En tanto, los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, vinculados a la misma causa, fueron absueltos en febrero pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.
La decisión fue adoptada por los jueces Alejandro Slokar y Mariano Borinsky, con la disidencia del juez Guillermo Yacobucci, quien cuestionó con la resolución. En esa oportunidad, la mayoría del tribunal rechazó el pedido del fiscal Mario Villar, quien había solicitado condenas para los empresarios. La fiscalía planea ahora recurrir nuevamente a la Corte Suprema para que revise las absoluciones.
El desarrollo de la causa Oil Combustibles
La investigación judicial inició a comienzos de 2016, tras una nota publicada en el diario La Nación que denunciaba que Oil Combustibles no había reintegrado unos 8 mil millones de pesos correspondientes al impuesto a los combustibles, recaudados a través de las estaciones de servicio. La causa quedó a cargo del juez Julián Ercolini y del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de la megacausa por asociación ilícita impulsada en 2008 por Elisa Carrió contra Néstor Kirchner y su entorno.
A Ricardo Echegaray, en su rol de titular de la AFIP, se le imputó haber concedido de manera reiterada, sistemática e irregular planes de facilidades de pago, tanto generales como especiales, a la firma Oil Combustibles S.A., propiedad de Cristóbal López. A López y a su socio Fabián de Sousa se los acusó de haber participado activamente en esa maniobra.
Hacia fines de 2017, ambos empresarios fueron detenidos luego de que se los acusara de intentar obstaculizar la investigación mediante la venta del Grupo Indalo, pese a estar legalmente inhibidos de hacerlo. Sin embargo, en marzo de 2018, la Cámara Federal determinó que no se trataba de una defraudación al Estado, sino de una posible evasión fiscal, y decidió trasladar el expediente al fuero penal económico.
Esa resolución derivó en la liberación de López y De Sousa, pero generó críticas por parte del gobierno de Mauricio Macri. Poco después, los jueces que dictaron ese fallo dejaron sus cargos: Jorge Ballestero se jubiló y Eduardo Farah pidió el traslado a un tribunal de San Martín.
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En abril de ese año, la Cámara Federal de Casación Penal revirtió la decisión y ordenó nuevamente la detención de los empresarios. Finalmente, en septiembre de 2019, la jueza María Eugenia Capuchetti dispuso su liberación tras sobreseerlos en la causa por la presunta venta irregular del Grupo Indalo.
En 2021 el Tribunal Oral Federal N° 3 absolvió a los empresarios. La fiscalía apeló, pero Casación ratificó el sobreseimiento con la firma de Diego Barroetaveña y Daniel Petrone. Frente a esta resolución, la Corte Suprema exigió una nueva revisión por parte de otra sala, que terminó ratificando las absoluciones a principios de este año. El fiscal Villar, disconforme con el nuevo fallo, volvió a presentar un recurso ante el máximo tribunal, que fue el que había sugerido dictar una nueva sentencia contra las absoluciones.
MB/Gi