Desde hace más de catorce años tengo el privilegio —y la enorme responsabilidad— de desempeñar la función de juez en el fuero civil de la Provincia de Catamarca. He resuelto cientos de conflictos que involucran derechos patrimoniales, relaciones familiares, situaciones complejas de posesión y dominio, daños, contratos y cuestiones sucesorias con un perfil bajo y haciendo carne el principio de que el “Juez habla por sus Sentencias”. Y lo he hecho siempre guiado por un principio rector: el derecho no es una entelequia, es una herramienta viva para ordenar la convivencia en paz.
Cuando acepté esta función, sabía que debía entregar buena parte de mi tiempo, energía y tranquilidad personal a una labor que exige prudencia, templanza y vocación de justicia. Pero también sabía que, si uno actúa con honestidad intelectual, conocimiento jurídico y respeto por las garantías procesales, ese esfuerzo vale la pena. Lo que no esperaba —al menos no con la crudeza con la que se presenta en algunos episodios— es el nivel de violencia simbólica que puede ejercerse contra un magistrado por el solo hecho de decidir conforme a derecho, y sólo porque esa decisión no sea del agrado de una de las partes.
En los últimos días se han vertido declaraciones públicas —en redes sociales y en medios provinciales— que no sólo cuestionan resoluciones dictadas en causas en las que he intervenido, sino que además me agravian personalmente y frente a mis hijos. Se me ha acusado de actuar con interés propio, se me ha denunciado por prevaricato sin fundamento alguno, y se ha buscado sembrar la idea de parcialidad cuando existen dos resoluciones de cámara que confirman mis decisiones, una de ellas ya firme desde hace más de cuatro años.
No pretendo que mis sentencias sean inmunes a la crítica: el disenso jurídico es parte vital de la labor judicial. Lo que no puede admitirse como parte del debate democrático es la injuria, la tergiversación y la amenaza como forma de presión o desprestigio. El juez no puede salir a responder cada agravio, porque su rol no es polemizar, sino juzgar. Pero tampoco puede callar eternamente cuando se intenta mancillar su honra y debilitar la confianza pública en el servicio de justicia.
La causa de reivindicación, que fue objeto de crítica, concluyó con una sentencia que reconoció el derecho del verdadero titular del inmueble, luego de un proceso donde se garantizó el pleno ejercicio del derecho de defensa. Esa resolución fue confirmada por la Cámara de Apelaciones, lo que refuerza la solidez del razonamiento jurídico aplicado. En cuanto a la causa de prescripción adquisitiva, fue desestimada en primera instancia por falta de prueba idónea, y se encuentra actualmente bajo revisión en la instancia superior. Ambas decisiones responden a criterios jurídicos claros, basados en los principios del Código Civil y Comercial y en la jurisprudencia vigente.
La independencia del Poder Judicial no es un privilegio del juez, sino una garantía para todos los ciudadanos. No puede haber justicia si los jueces deben temer por su reputación cada vez que resuelven una causa controvertida. No puede haber confianza institucional si se pretende instalar en la opinión pública la idea de que una decisión desfavorable es, necesariamente, sospechosa o arbitraria.
Durante más de una década he dictado sentencias fundadas, muchas de ellas en cuestiones complejas o socialmente sensibles, sabiendo que ninguna decisión judicial deja a todos conformes. Lo he hecho con convicción, pero también con humildad, sabiendo que el verdadero poder del juez no reside en su autoridad formal, sino en la fuerza de sus razones.
No estoy dispuesto a aceptar que el agravio reemplace al argumento, ni que la descalificación personal suplante al debate jurídico. Por eso he decidido dejar asentado públicamente mi rechazo a las expresiones ofensivas que se han vertido contra mi persona y mi labor, y no descarto ejercer las acciones legales y disciplinarias que correspondan frente a quien, amparado en la impunidad del comentario irresponsable, pretende erosionar la dignidad de la función judicial y coaccionar sobre las decisiones razonadas.
Mi compromiso es y seguirá siendo con la Constitución, las leyes y la verdad procesal que surge del expediente. Quien se sienta afectado por una decisión judicial, tiene canales legales para recurrirla y cuestionarla. Lo que no tiene lugar en un Estado de Derecho es la injuria como forma de presión, ni la denuncia infundada como método de intimidación.
Seguiré cumpliendo con mi función con la misma vocación y firmeza con la que comencé hace más de catorce años. Porque ser juez no es un privilegio: es una carga que se asume con honor, y que se defiende con hechos, no con palabras vacías.
(*) Juez Civil de la Provincia de Catamarca