Cumpliendo con los plazos que establece el proceso, el fiscal ante el Jury, Augusto Barros, presentó la acusación formal contra el fiscal de Instrucción nº5, Hugo Costilla, ante el Tribunal de Enjuiciamiento de magistrados y funcionarios del Ministerio Público Fiscal. La presentación de Barros se enmarca en la denuncia que realizó el diputado provincial Hugo Ávila (FAC) contra Costilla por haber homologado el acuerdo de partes entre víctimas y victimarios del asalto en el barrio Parque América. Costilla fue denunciado por presunto mal desempeño e ignorancia del derecho.
En la acusación, Barros enumera todas las irregularidades que, a su criterio, cometió Costilla en la investigación penal preparatoria por el asalto en la casa de los hermanos Rolón Reynoso cometido por Guillermo Hernán Nieva, Camilo Alberto Carrizo, Diego Marcelo Arroyo, Fernando Ariel Pacheco y un quinto sujeto no identificado, que derivó en la liberación de todos ellos por la firma de un acuerdo de partes homologado por el Juzgado de Control de Garantías nº1 a cargo del ex juez Héctor Rodolfo Maidana. En este marco, deja la puerta abierta para que el Tribunal de Enjuiciamiento realice una denuncia penal contra Costilla por su desempeño en el caso prevaricato.
En su extensa presentación, Barros no hace referencia al fallo de la Sala Penal de la Corte que anuló el acuerdo conciliatorio. Tampoco menciona la apelación que realizaron los abogados de los protagonistas del asalto que está siendo analizada por la Sala Doble Conforme del máximo tribunal.
Según el fiscal ante el Jury, Costilla durante su participación en la causa del asalto a Parque América “incurrió en una serie de actos funcionales gravemente errados, desplegados dentro de un mismo proceso penal, que configuran una línea de conducta incompatible con los deberes propios de su cargo”.
“Su intervención en una causa penal de significativa gravedad institucional, marcada por omisiones deliberadas, decisiones jurídicamente defectuosas, apartamiento de normas vigentes, desatención de instrucciones jerárquicas y negativa a colaborar con otras jurisdicciones, demuestra un patrón de actuación reñido con la legalidad, la ética pública y el interés social. Tal proceder encuadra en las causales de remoción por mal desempeño, falta grave e incluso hechos que podrían configurar delitos en ocasión del ejercicio de sus funciones”, advirtió Barros. Más adelante, Barros puntualiza algunas particularidades del proceder de Costilla en el hecho. En este sentido, destacó que el fiscal de Instrucción, habiendo afirmado que los autores del hecho eran cinco personas, “omitió agotar las diligencias necesarias para identificar e investigar a la totalidad de los partícipes antes de prestar conformidad con la homologación del acuerdo de reparación integral”. Según Barros, “esa conformidad, otorgada sin haber previamente esclarecido la participación de la totalidad de los autores, constituye un grave incumplimiento de los deberes funcionales del fiscal”.
Posteriormente, cuestiona que Costilla, “a pesar de tratarse de una causa de elevada complejidad y sensibilidad institucional”, no comunicó ni a la Procuración General ni a la Fiscalía General su posición de aplicar el artículo 59 inciso 6°. “La ausencia de esta comunicación privó a las autoridades superiores del Ministerio Público de la posibilidad de ejercer un control efectivo sobre una decisión funcional de alto impacto y de coordinar una respuesta institucional coherente”, dijo Barros agregando que “lo grave” de esta omisión “es que, durante buena parte del trámite de la causa, el fiscal había venido informando regularmente los avances del expediente”.
Continuando en su planteo, Barros da cuenta de “una falta de colaboración con el Ministerio Público Fiscal de la Nación” de parte de Costilla al remarcar que el fiscal de Instrucción recibió dos oficios de parte del fiscal federal Rafael Vehils Ruiz en el que le solicitaba “colaboración activa y específica” en el marco de “RT Inversiones”, donde Matías Rolón Reynoso (una de las víctimas del asalto) se encuentra procesado. En ese sentido, recuerda que Vehils Ruiz pidió información sobre las pericias y el material secuestrado en la casa de Rolón Reynoso que podría sumarse a la causa federal. “Pese a la claridad, pertinencia y urgencia del requerimiento interinstitucional, el fiscal Costilla guardó silencio absoluto ante ambos pedidos formales, omitiendo dar curso o siquiera brindar una respuesta de negativa o justificación”, advirtió Barros. Concatenado a Rolón Reynoso, el fiscal Barros advirtió que de parte del fiscal nº5 hubo una «valoración inadecuada de las víctimas y su rol procesal”, ya que “al menos dos de las personas beneficiadas por dicho acuerdo no reunían las condiciones jurídicas para ser tenidas como víctimas del delito investigado”. La situación se agrava, a criterio de Barros, porque uno de los beneficiarios del acuerdo “al momento de los hechos se encontraba sometido a proceso penal en el fuero federal, circunstancia que no fue siquiera considerada por el Fiscal al momento de valorar su inclusión en el acuerdo”.
Casi al cierre de su presentación, Barros considera que «la actuación del fiscal Costilla en el proceso penal analizado revela con claridad un patrón de conducta incompatible con los más elementales deberes funcionales que rigen el ejercicio del Ministerio Público Fiscal, cuya misión institucional exige objetividad, legalidad y compromiso con la adecuada persecución penal de los delitos».
Testigos y pruebas
En su presentación, Barros propone una serie de testigos y medidas de pruebas a ser tenidas en cuenta por el Tribunal. Uno de los pedidos de testigo más llamativo es que se llame a declarar en calidad de testigos al Fiscal General, Alejandro Gober y al Fiscal Federal, Rafael Vehils Ruiz.
También pide a la División de Antecedentes de la Policía los antecedentes de todos los involucrados en el asalto, tanto víctimas como victimarios, entre otras documentación a organismos judiciales.
Caso Rojas
La fiscal nº7, Paola González Pinto, fue designada como coadyuvante en la causa en la que el fiscal Costilla investiga el crimen del ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Rojas.