El juez de Control de Garantías Marcelo Sago concedió una prórroga ordinaria de la Instrucción Penal Preparatoria (IPP) de 60 días a la fiscal de Violencia Familiar y de Género, Ruth Antonino, para que avance con la investigación de la causa contra Nahuel José Augusto Filippín, quien está imputado, entre otros delitos, como partícipe necesario de abuso sexual.
Además, el juez dispuso indagar la semana que viene al presunto autor del ultraje, quien recientemente fue imputado por supuesto abuso sexual en calidad de autor.
Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, la prórroga fue solicitada por el Ministerio Público Fiscal advirtiendo que además de realizar la indagatoria queda avanzar con la realización de pericias técnicas y la recepción de testimonios, atendiendo que la causa involucra múltiples hechos delictivos atribuidos a varios imputados.
Filippín está detenido en el penal de Miraflores, imputado por “abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesario (primer hecho)”, “amenazas agravadas por el uso de armas en calidad de autor (segundo hecho)”, “estafas y amenazas simples en calidad de autor y en concurso real (tercer hecho)”, “hurto simple (hechos 4, 5 y 7) en calidad de autor” y “encubrimiento por receptación agravado por actuar con ánimo de lucro en calidad de coautor (sexto hecho)”.
Paralelamente la fiscal Antonino lo investiga por presunto abuso sexual en una causa en la que fue señalado como autor. O sea, hay dos víctimas de abuso. Uno en el que la damnificada asegura que fue ultrajada por Filippín y otro, en el que el autor no fue detenido, pero será indagado en las próximas horas, y que tiene al abogado imputado como partícipe necesario.
Otras fuentes informaron que la víctima que denunció a Filippín adjuntó a la causa un informe psiquiátrico particular que deja constancia de que sufre estrés postraumático compatible con hechos vinculados a violencia física, sexual y psicológica.
En este contexto, la mujer pidió ampliar su declaración testimonial como damnificada y la audiencia correspondiente se realizará la semana que viene.
Por otra parte se supo que en los próximos días se recepcionará declaración testimonial a dos testigos.
Siete de 12
Paralelamente, la fiscal investiga a Filippín por supuestos delitos de abuso sexual con acceso carnal, amenazas agravadas, estafa, hurtos y encubrimiento, todos en concurso real, que demandan más a la Fiscalía para que concluya con la instrucción penal preparatoria, y por lo que se habilitó la prórroga de la investigación.
A fines de enero y sin siquiera llegar a tratar el pedido de prisión preventiva para el abogado, el Juzgado de Control N°4 encontró insalvables errores en la instrucción realizada primeramente por los fiscales Hugo Costilla y Paola González Pinto (en feria judicial), y declaró la nulidad parcial del decreto de determinación del hecho fechado el 15 de enero, en lo relativo a dos hechos.
También declaró nula el acta de visualización de las cámaras del Sanatorio Junín, de donde Filippín sustrajo un tomógrafo.
Tampoco se habían incorporado pruebas ni efectuado la notificación correspondiente a la defensa sobre la visualización de aquellas cámaras.
En cuanto a la denuncia por abuso sexual en calidad de autor, se supo que no se habían realizado las pericias psicológicas a la víctima.
En febrero, Antonino indagó otra vez al acusado en cumplimiento de los plazos establecidos por el juez Sago y dictó un nuevo decreto de imputación.
Esta vez Filippín quedó imputado por abuso sexual con acceso carnal en calidad de partícipe necesario (primer hecho); amenazas agravadas por el uso de armas en calidad de autor (segundo hecho), estafa y amenazas simples en calidad de autor, en concurso real (tercer hecho); hurto simple (tres hechos nominados cuarto, quinto y séptimo); y encubrimiento por receptación agravado por ánimo de lucro (sexto hecho).
Prisión domiciliaria
La defensa de Filippín, a cargo de Miguel Gallo, insiste en que su cliente debe estar detenido con prisión domiciliaria para realizar tratamiento psiquiátrico por policonsumo de estupefacientes. Esta pretensión fue rechazada en varias oportunidades por la querella, representada por el abogado Sebastián Ibáñez.