Las derivaciones de las absoluciones pagas por el violento asalto a Parque América y las estafas perpetradas contra usuarios de la EC SAPEM llevaron al primer plano un detalle insólito de las causas por las criptoestafas: el uso de celulares y computadoras por parte de encartados con prisión domiciliaria.
Impedir el acceso a estos dispositivos es una medida obvia por las características del caso, ya que es a través de ellos que se mueven las millonadas esquilmadas en las financieras por los intrincados recovecos de las finanzas virtuales. Que la Justicia Federal no haya tomado recaudos mínimos para hacerlo al concederle los beneficios a los reos resulta tan llamativo como que recién a más de tres años del inicio de las investigaciones, después de que Edgar Adhemar Bacchiani fue condenado a 9 años de prisión en Córdoba tras confesar haber participado del fraude, se estén disponiendo medidas tendientes a embargar cuentas, verificar si los embargos trabados se efectuaron o determinar si se realizaron pagos.
Es una sospecha extendida que los imputados con prisión domiciliaria y los que lograron la excarcelación usan celulares y computadoras. Más allá de algunos planteos aislados, los esfuerzos de las querellas para quejarse por el despropósito no son demasiado enfáticos por una razón muy simple: subsisten esperanzas de recuperar aunque sea parte del dinero esquilmado al margen del dilatado derrotero que siguen las causas y tal cosa es imposible si los estafadores carecen de los aparatos indispensables para hacer las transferencias.
En la investigación que llevó a la anulación de las absoluciones pagas, la fiscal Paola González Pinto comprobó movimientos millonarios en las cuentas de Matías Rolón Reynoso, el imputado en la causa RT Inversiones que acordó extinguir la acción penal contra sus asaltantes a cambio de una indemnización.
En el descargo que elevó por el Jury que se le sigue por haber impulsado el controvertido acuerdo, el fiscal Hugo Costilla no tuvo empacho en admitir que su decisión obedeció a que uno de los asaltantes, Camilo Carrizo, era acreedor de RT Inversiones y buscaba cobrarse a punta de pistola la deuda.
Esta justificación de Costilla tiene especial relevancia porque, a pesar de conocer la relación entre el asalto y la causa RT Inversiones, se negó a facilitarle al fiscal Federal Rafael Vehils Ruiz acceso a los celulares, tablets y computadoras secuestrados en la casa de Rolón Reynoso. Y no sólo eso. Le devolvió los aparatos al sospechoso, que meses después fue involucrado en las estafas a usuarios de la EC SAPEM por otro personaje que estaba en su casa en el momento del atraco, que también fue indemnizado: Carlos Gonzalo Varela Villegas. Los dispositivos informáticos de Rolón Reynoso fueron nuevamente secuestrados y están en poder de la fiscal González Pinto para su peritaje.
Más allá de eso, el fiscal Vehils Ruiz no pudo conseguir que el juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, que subroga en la causa RT Inversiones, dispusiera el cese de la domiciliaria para Matías Rolón Reynoso y su hermano cuando reventó el escándalo de las absoluciones pagas. Tiene las mismas dificultades para obtener medidas del juez federal Miguel Ángel Contreras, que hubiera cerrado las investigaciones de la causa Bacchiani si no fuera porque Vehils planteó que convenía que el excontador del “trader” Iván Segovia, también encartado, analizara los movimientos de las cuentas de Adhemar Capital. El resultado del rastreo de Segovia fue lapidario: las cuentas de la firma fueron vaciadas a cero.
Vaya a saberse por dónde anda la plata, con tantos celulares y computadoras a disposición de los imputados desde hace tres años.
Noticias inquietantes para los federales llegan desde Córdoba. Luego de la condena a Bacchiani, la fiscal Valeria Rissi ordenó allanar y detener al exsocio y gerente de “Adhemar Capital” José Blas. Los cordobeses incautaron celulares, tablets y computadoras.
¿Qué tendrán? ¿Habrá estado Blas moviendo dinero durante la domiciliaria? Gran misterio al que se superpone la posibilidad de que Rissi haya ordenado escuchas telefónicas, como hizo en la previa de la detención e imputación del “trader”, tres años atrás.