El pasado 20 de febrero, en medio del escándalo cripto y con el Gobierno en su peor momento, el Senado con la colaboración del peronismo, le aprobó a Bullrich y Milei un importante paquete de leyes represivas. Se trata del proyecto de ley de “abordaje integral del crimen organizado”, más conocido como “Ley Antimafia”, que ya había sido sancionado por Diputados y que incluye las leyes de “reincidencia”, “reiterancia”, unificación de penas y “juicio en ausencia”.
La llamada «Ley Antimafia» da un enorme poder al Ministerio de Seguridad y a las fuerzas represivas federales para actuar en vastos territorios del país donde se considere que operan “organizaciones criminales”. Y acá las comillas son muy importantes.
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¿Qué sería una “organización criminal”? Son grupos de tres o más personas “que durante cierto tiempo, en áreas geográficas determinadas y bajo ciertas modalidades operativas, actúan concertadamente con el propósito de cometer delitos especialmente graves”. Allí entrarían el narcotráfico, el lavado, la corrupción, el tráfico de órganos, la trata, la prostitución, la corrupción de menores, los atentados y el enriquecimiento ilícito, entre otros delitos federales.
Pero más allá de las declamadas intenciones, en la práctica la ley avanza fuerte contra las libertades democráticas y garantías constitucionales.: se igualan responsabilidades y penas entre un jefe narco multimillonario, un soldadito y hasta un cultivador; se puede detener por 48 horas o hasta 30 días por «averiguación»; se podrá allanar, embargar y secuestrar bienes “presuntamente vinculados” al delito investigado, aún sin juicio ni condena; se habilita el espionaje sobre las comunicaciones y redes de las personas sindicadas, aún sin siquiera imputación; si alguien “cooperó” con la “organización” sin saber sus fines, ya no contará con el atenuante que contempla el Código Penal. Eso entre otras implicancias.
Por eso la gravedad de esta ley está a la vista, ya que fue promovida y será aplicada por el mismo Gobierno que el año pasado armó causas truchas por “terrorismo” contra 33 manifestantes que protestaban frente al Congreso y este verano detuvo a brigadistas y atacó comunidades mapuche bajo falsas acusaciones de provocar los incendios en la Patagonia. Todos esos expedientes truchos terminaron cayendo a falta de pruebas. Pero la criminalización y estigmatización ante millones de personas, ya estaba realizada.
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Este miércoles se espera una masiva movilización en Congreso en defensa de las y los jubilados. A la ronda habitual de todos los miércoles se suma esta vez un importante apoyo solidario de distintos sectores de trabajadores, mujeres y estudiantes; destacando por su novedad hinchadas de distintos clubes que confirmaron su presencia, tal como hicieron hinchas de Chacarita durante la ronda del miércoles pasado.
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La ronda que es habitualmente reprimida por las fuerzas de Seguridad nacional y de la Ciudad, será esta vez de una masividad mayor, por lo que la posibilidad de una respuesta represiva debe estar siendo analizada en el Ministerio de Seguridad. Harán lo que les sea más conveniente para intentar desgastar a los jubilados, reprimiendo salvajemente y utilizando sus nuevas herramientas legales para detener y armar causas truchas, si lo consideran necesario. Herramientas con las que cuentan gracias al apoyo que el peronismo le dio tanto en Diputados como en Senadores. Sin esa colaboración, Bullrich no contaría con ese mayor poder de fuego en medio de la debilidad del Gobierno por la crisis de la criptoestafa.
La posibilidad de represión y posterior criminalización se vuelve menor cuanto más masiva sea la marcha, por eso es importante que este miércoles seamos miles para bancar a las y los jubilados y derrotar los planes de Bullrich y Milei.