Desde finales de 2023, la provincia de Buenos Aires viene cocinando reformas educativas que no logran resolver las crisis históricas de la educación pública. A pocos días de comenzar el ciclo lectivo 2025, el amargor de la crisis, el ajuste y la precarización son imposibles de digerir. Este combo de reformas educativas en curso no hace más que agravar la situación.
Con discursos sobre humanizar la educación técnica específica y profesional, y subsanar crisis educativas (como el abandono escolar o el suicidio adolescente), intentan imponer otro capítulo de ajuste bajo el nombre de “actualización académica”. Esta reforma ataca nuevamente la calidad de la educación pública a través de nuevos diseños curriculares.
A partir del ciclo lectivo de 2023, la provincia convocó, casi en secreto, a pequeños sectores de la educación técnica (docentes referentes de áreas seleccionados por la dirección) para discutir contenidos a implementarse en el próximo diseño curricular. Como sucedió con el RAM, las distintas convocatorias de la provincia intentaron generar la ilusión de que el nuevo diseño es producto de las comunidades educativas. La reforma incluye la titularización de cargos después de años, pero con una imposición sobre las formas, con la anuencia de los sindicatos.
Sin embargo, los docentes que participaron en las extensas instancias comentan que el producto final (con irregularidades y promesas pendientes) fue decidido a puertas cerradas, excluyéndolos incluso de las convocatorias de trabajo para la implementación de este. Una reforma que, en realidad, no soluciona los problemas de la educación, ni garantiza materiales, insumos o capacitaciones para su implementación.
Un ajuste de manual
Si bien la fundamentación teórica del nuevo diseño curricular intenta ser progresiva y apunta a la actualización de contenidos hacia una perspectiva tecnológica y falsamente humana, se basa en ideas que limitan la posibilidad de pensamiento crítico. Además, promueve la precarización laboral estudiantil con prácticas profesionalizantes desde 5° año, sin que estas sean obligatoriamente remuneradas. También “asegura”, bajo cuatro principios, la estabilidad laboral docente, aunque el desarrollo del mismo diseño lo contradice.
Propone una participación optativa en materias específicas, como por ejemplo inglés, donde promueve lo siguiente:
- La aprobación de 4 niveles de inglés, que podrán ser acreditados con certificaciones reconocidas y/o examen de suficiencia, según las prescripciones que la Dirección Provincial de Educación Técnico Profesional disponga.
- La participación en, al menos, tres Proyectos de Integración Curricular realizados en el Ciclo Superior.
Esto mismo ocurre con artes:
- El Taller de Arte es un espacio no graduado en el que las/os estudiantes podrán optar por cursar durante los 7 años de la trayectoria y todas las veces que deseen.
Sin embargo, hay más cambios tramposos y algo confusos: dentro de la caja horaria docente, se encuentran recortes de módulos y unificación de materias. Por ejemplo, física y química a partir de 4° año se unifican en un departamento nuevo llamado “Ciencias de la Electromecánica”, y ya no serán 4 módulos, sino 3. Se especifica que ese recorte —de clases y no de situación revista— está orientado a la producción de proyectos en mesas compuestas por esos docentes.
Otro punto es el rol que le otorga a la ESI (Educación Sexual Integral). Si bien menciona la perspectiva de género, especialmente al trabajarla desde biología o salud y adolescencia, y de forma transversal en cada materia, como la ESI también es el trato cotidiano y colectivo, propone que sea una herramienta normalizadora que haga hincapié en el respeto, orientando hacia la generación de paz social y simbólica.
Este combo no viene acompañado de ningún tipo de capacitación. Desde las direcciones escolares, en las jornadas del RAM, anticiparon la necesidad de que cada docente se capacite en nuevas tecnologías, pero nada garantiza una capacitación docente adecuada. No existe una actualización de contenidos sin una capacitación docente periódica. No es lo único; de hecho, aún hay promesas de resoluciones que no están presentes.
Es claro: esta reforma no viene a resolver ningún problema de fondo, ni soluciona ninguna problemática que atraviesan las aulas y talleres hoy. Además, es un rasgo de recorte y precarización para la docencia, sin mencionar la sobrecarga mental que significa pensar en un proyecto que agrupe, en lo posible, todas las materias.
Si comparamos los últimos diseños curriculares, en la novedad está claro que las materias solo mencionan los objetivos y contenidos centrales. La idea de armar proyectos que abarquen todas las materias y especialidades tiene una orientación reduccionista, donde, a través de un eje central de trabajo, los estudiantes alcancen objetivos específicos, pero solo retomen rasgos de cada materia. Esto implica una pérdida total del pensamiento crítico y de conocimientos, con un enfoque total en el rendimiento evaluativo.
Dentro de las escuelas, venimos de transitar unas agotadoras jornadas sobre el nuevo RAM, donde al final solo hubo una conclusión: más precarización laboral sin condiciones para sostener este nuevo paradigma educativo. La idea principal del nuevo régimen es eliminar la repitencia del estudiante, pero también evaluar contenidos específicos y controlar precisamente las faltas por materia. Si bien esto es positivo, no soluciona los problemas estructurales de la educación.
No queda otra: congreso pedagógico para decidir de verdad
El combo de reformas que intentan imponer no es nada nuevo. De hecho, tiene aspectos similares al proceso político y educativo de los 90, e incluso a la misma línea que intentó imponer el macrismo en 2017, que fue rechazada y derrotada por el movimiento estudiantil y las comunidades educativas. Aquella reforma atacaba y reformaba exactamente las mismas áreas, con la idea de actualizar “la escuela técnica al mundo actual”. Por eso, este diseño curricular prácticamente inconsulto nos obliga enérgicamente a RECHAZARLO, sobre todo porque viene acompañado de un recorte presupuestario a la educación, pero también de un vaciamiento directo al INET y los órganos que financian directamente la educación técnica. Tampoco hay una mención sobre la titularización sectorial. Ni hablar del atraso salarial que venimos arrastrando hace varios períodos, pero que, en este último, nos licuó un sueldo en más de un 100%, con recorte del FONID, y nos obliga a una flexibilización laboral terrible.
No hay que esperar a que las reformas terminen de insertarse en todos los niveles y modalidades de la escuela secundaria. Hoy más que nunca hay una necesidad de construir un congreso pedagógico nacional, con comisiones y abierto a las comunidades educativas, para poder solucionar las crisis de la educación pública.
Desde Alternativa Docente, participamos en una de las convocatorias dirigidas a docentes referentes de educación técnica, en la cual se trabajó con docentes de distintas regiones, especialidades y áreas. Aún con una elección prácticamente “a dedo” de quienes podían o no participar, Kicillof no puede responder a la incertidumbre que genera el combo de ajuste del diseño curricular y la imposición del nuevo régimen en secundaria, pero tampoco a un problema que acarrea a las escuelas hace varios años: la sobrepoblación en las aulas y la necesidad de construir nuevas escuelas.
Por eso, necesitamos impulsar asambleas por escuela, pero también plenarios sindicales de la multicolor provincial, donde pueda organizarse la docencia y las comunidades educativas de conjunto, movilizarse hasta tirar abajo el plan de reformas y ajuste que intentan imponer sobre la educación pública.
Las instancias de lucha del 24 de febrero y 5 de marzo son una nueva oportunidad para socializar estos debates y comenzar un plan de lucha por la defensa de la educación pública en su integralidad.
Sofía Vega