miércoles, 12 febrero, 2025
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Con la anulación de las absoluciones pagas, comenzó el análisis del jury

Con el fallo de la Sala Penal de la Corte de Justicia que anuló el acuerdo de partes entre víctimas y victimarios del asalto a Parque América quedó liberado el camino para que avance el jury contra el juez y el fiscal que homologaron el polémico arreglo. En este sentido, se conoció que ayer el Tribunal de Enjuiciamiento se reunió para empezar a analizar el caso.

Como informó El Ancasti, el pedido de jury contra el fiscal nº5, Hugo Costilla, y el juez de Control de Garantías nº1, Héctor Maidana, presentado por el diputado provincial Hugo Ávila (Frente Amplio Catamarqueño) por “mal desempeño en sus funciones e ignorancia inexcusable del derecho”, había quedado supeditado a que la Sala Penal de Corte defina la vigencia o no del acuerdo de partes. Con el contundente fallo que anula el acuerdo y pide que la causa se reabra, ahora en manos de otro fiscal, los miembros del Tribunal de Enjuiciamiento tienen vía libre para avanzar con el trámite que se inició formalmente el 23 de diciembre del año pasado cuando Ávila realizó la presentación.

Ayer, el Tribunal encabezado por el presidente de la Corte, Hernán Martel, tuvo la primera reunión del año. En la oportunidad, se definió que el 11 de marzo se iniciará el juicio contra el juez de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Familia de la Tercera Circunscripción Judicial, con asiento en Belén, Miguel Ángel Aybar; además, se comenzaron a analizar las denuncias contra Costilla y Maidana. El cuerpo pasó a cuarto intermedio hasta el jueves.

Conocido el fallo de la Sala Penal, el diputado autor de la presentación destacó la resolución que anuló la homologación del acuerdo que liberó a Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Fernando Pacheco y Guillermo Nieva, todos ellos imputados por “robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda”, por el asalto a los hermanos Matías y Gustavo Rolón Reynoso, y Carlos Gonzalo Varela Villegas.

El diputado sostuvo que “es un punto de partida importante” la resolución de la Sala, pero afirmó que “no hay que conformarse solo con eso”.

“Cuando se dio el acuerdo de las absoluciones pagas, salí a cuestionar el accionar del fiscal y el juez y el 23 de diciembre presenté el pedido de juicio político. Espero que se avance por ese camino”, dijo el legislador.

En diálogo con El Ancasti, Ávila adelantó que pedirá que el fallo de la Sala Penal de la Corte sea incorporado al expediente del jury contra el fiscal y el juez, además de que sumará nuevos elementos que fue recolectando desde que realizó la primera presentación.

En este sentido, el fallo de la Sala Penal firmado por su presidenta, Fernanda Rosales Andreotti, Hernán Martel y Verónica Saldaño es contundente al momento de explicar los motivos de la anulación del acuerdo y es particularmente duro contra el fiscal y el juez que lo homologaron. “La resolución atacada no solo desconoce la normativa vigente, los estándares procesales esenciales y causa un grave perjuicio irreparable, sino que además sienta un peligroso precedente de impunidad al permitir la aplicación de un instituto de extinción de la acción penal en un caso de extrema gravedad, sin cumplir con los requisitos mínimos que la ley exige”, resume el fallo.

Con todos estos elementos solo falta que el Tribunal de Enjuiciamiento ponga en funcionamiento el andamiaje para avanzar con el jury contra el fiscal y el juez.

Según la ley que regula los juicios contra miembros del Poder Judicial, el denunciante deberá ratificar la presentación a las 48 horas de haberla realizado, requisito que Ávila ya cumplió antes del año pasado.

Desde ese momento, el organismo debe comenzar a analizar el pedido de jury. Tiene un total de 10 días para hacerlo y determinar si es admisible o no. De considerarlo admisible, se corre traslado al denunciado para que se defienda por escrito en un plazo de 10 días.

A partir de ahí interviene el fiscal del jury, que opina si corresponde iniciar el proceso. Con todos esos elementos, el Tribunal debe determinar si finalmente abre el juicio contra el acusado. Hasta que intervienen todas las partes del proceso y el Tribunal toma una decisión, el inicio del juicio puede demorar más de 30 días.n

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