viernes, 31 de enero de 2025 01:54
El Ministerio de Seguridad de la Nación estableció un Protocolo General de Actuación para la Identificación y Secuestro de Criptoactivos, que está dirigido a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. La medida ya fue publicada en el Boletín Oficial, responde a la creciente presencia de activos digitales en investigaciones criminales y “busca estandarizar los procedimientos para su incautación y preservación”, lo cual supone una intervención directa en el universo de las criptomonedas, y llegado el caso incautar las que se vinculen con delitos. El protocolo busca fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad para investigar y manejar evidencia digital relacionada con criptomonedas, con la idea de lograr un impacto significativo en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de dinero en el país. La normativa detalla los pasos a seguir para la identificación, resguardo, trazabilidad, cadena de custodia y secuestro de criptoactivos que puedan ser elementos de prueba en una investigación. Se busca que los primeros intervinientes en un allanamiento o registro sepan cómo actuar ante la presencia de criptomonedas para evitar su alteración o pérdida, y faculta para ello a todas las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales del territorio argentino, según menciona el texto oficial.
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El protocolo fue elaborado por la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos del Ministerio de Seguridad, en conjunto con las áreas específicas de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y personal del Ministerio Público Fiscal, y reconoce el impacto de los criptoactivos, que han modificado la relación con el dinero y los activos financieros. Se menciona que la tecnología blockchain ha impulsado transformaciones en la economía global y se observa el uso de criptomonedas en actividades ilícitas, identificando los criptoactivos como herramientas utilizadas para lavado de dinero, fraude y financiamiento del terrorismo; al tiempo que se hace referencia a la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación para detectar y rastrear estos activos en casos criminales.
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Hasta allí todo bien, un avance contra el delito. La pregunta es si esa decisión está al alcance real de las autoridades, ya que la esencia de las criptomonedas es que marchan por fuera de todas las regulaciones e intervenciones estatales. ¿Qué tan sencillo resultará incautar criptomonedas o identificar a sus dueños cuando las transacciones no sigan ninguna pauta convencional? No siempre se puede hacer. Las posesiones se desarrollan sin intervención de ningún banco o entidad, romper la seguridad existente en una criptomoneda es casi imposible y una de las claves de su crecimiento fue la imposibilidad por parte de los gobiernos de establecer políticas impositivas sobre transacciones realizadas con esta modalidad. Se calcula que un 20 por ciento de las actividades que tienen lugar con divisas digitales sin ilegales. Pero las criptomonedas no son la razón: todos los delitos involucrados existían anteriormente. Legislar en este campo es tan difícil que en algunos países, como España, para efectos de responsabilidad civil, no son consideradas dinero como tal. Por estas razones, se recibió esta medida más como una expresión de voluntad que una facultad real, al margen de que sería fantástico que pudiera identificarse a los delincuentes y estafadores que se valen de esas herramientas.
El Esquiú.com