miércoles, 29 de enero de 2025 15:55
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que ayer se cerraron 155 Registros del Automotor más en la Argentina. Estas dependencias se suman a las 130 dependencias que se cerraron el año pasado.
Estas delegaciones son las oficinas donde quienes compran un auto nuevo o usado deben realizar una serie de trámites, para inscribir el vehículo a su nombre. Cúneo Libarona aseguró que el objetivo del Gobierno es implementar un «plan de digitalización», para que todos estos trámites se realicen de manera online y reduciendo los costos para el usuario.
«En poco más de un año, le pasamos la motosierra a más del 20% de los Registros», dijo el ministro, dejando entrever que todavía falta bastante para alcanzar el objetivo final de eliminar estas dependencias.
Asimismo aseveraron desde el gobierno que durante más de tres décadas los Registros del Automotor fueron utilizados como «cajas» para financiar la política. El control de estas oficinas se asignaba de manera arbitraria a los «amigos del poder», que recaudaban y cedían una parte de sus ganancias para financiar campañas políticas. Con la batalla contra los Registros del Automotor quedó en evidencia la connivencia de Acara: la asociación que agrupa a los principales concesionarios de autos de la Argentina era un intermediario que recaudaba fondos millonarios vendiendo patentes, documentos y otros insumos a estos registros.
Acara tenía trabajando dentro del Gobierno a más de 3.000 empleados propios, que se aseguraban de sostener y mantener aceitado ese sistema de recaudación política. Cúneo Libarona despidió el año pasado a 2.400 de esos empleados y prometió avanzar en breve sobre el resto.
En el año 2024, el gobierno oficialista declaró a Acara, una de las asociaciones de concesionarios, integrada por los dueños de los principales dealers de ventas de vehículos del país, quedó en la mira al ordenarse una investigación sobre los 100 millones de dólares anuales que manejan por operaciones dentro del Registro Automotor.
La decisión política del presidente Javier Milei de investigar esos fondos que controla un ente privado dentro de un organismo del Estado nacional. Sin embargo, la presencia de Acara dentro del Ministerio de Justicia es una situación conocida desde hace más de 40 años.