El lunes, el presidente Joe Biden emitió indultos preventivos para varios individuos, incluyendo al general Mark Milley, al Dr. Anthony Fauci y a miembros del Congreso que formaron parte del nefasto comité que investigó el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021.
Estos indultos, realizados en las últimas horas de su presidencia, representan un uso extraordinario de la prerrogativa ejecutiva, sin precedentes en la historia reciente, y buscan proteger a personas que han perseguido al presidente entrante, Donald Trump.
Entre los beneficiarios se encuentra la exrepresentante republicana Liz Cheney, quien ha apoyado la incesante persecución política y mediática contra Trump en los últimos años.
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Biden justificó los indultos en un comunicado, señalando que se trataba de circunstancias excepcionales y que no podía permanecer inactivo ante lo que consideraba un »peligro real» de persecución política.
Expresó incorrectamente que las investigaciones »sin base y motivadas políticamente» han causado daños a la vida, seguridad y estabilidad financiera de los individuos afectados.
En su declaración, el presidente saliente subrayó que los indultos no implicaban una admisión de culpabilidad, y enfatizó que aquellos a quienes se les otorgó el perdón habían servido a la nación con »dedicación y sacrificio.»
El demócrata tomó esta decisión después de varias semanas de deliberación, preocupado por el riesgo de que Trump, al asumir la presidencia, pueda llevar a la justicia a los recientemente indultados.
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Biden dejó claro en conversaciones privadas que no creía que las personas indultadas fueran culpables de delitos, pero consideraba que la protección era necesaria para evitar que fueran objeto de represalias.
Sin embargo, la totalidad de los indultados ha sido objeto de hechos inmorales durante los cuatro años de mandato demócrata. Ya sean los dementes mandatos de vacunación de Fauci como la intempestiva persecución política contra Trump del comité judicial del 6 de enero.
En este contexto, Biden aceptó que los indultos podrían dar la impresión de que había algo de culpabilidad, pero aseguró que la protección de los afectados prevalecía sobre esta preocupación.
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Estos indultos, emitidos en los últimos momentos de su mandato, marcan un hito en la historia de la política estadounidense, ya que nunca antes se había otorgado un perdón preventivo de tal magnitud.
En comparación, el perdón concedido por el presidente Gerald Ford a Richard Nixon en 1974 fue una respuesta a una amenaza de persecución real, mientras que los beneficiarios de los indultos de Biden no se encontraban en riesgo de enfrentar acciones legales motivadas por razones políticas.
La reacción de los miembros del Congreso que fueron parte del comité de investigación del 6 de enero fue mixta. Algunos se sorprendieron al enterarse de los indultos, ya que no fueron informados previamente.
En cuanto a los beneficiarios de los indultos, como el general Milley y el Dr. Fauci, expresaron su gratitud por la protección, destacando la importancia de evitar »distracciones y dificultades legales» que podrían afectar a sus familias y carreras.
Milley, tras 43 años de servicio militar, expresó su deseo de no pasar los últimos años de su vida enfrentando procesos legales, mientras que Fauci agradeció el perdón, aunque aclaró que no lo había solicitado.
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Por otro lado, algunos críticos, especialmente aquellos vinculados al presidente Trump, como el futuro jefe de comunicaciones de la Casa Blanca, Taylor Budowich, calificaron correctamente los indultos como un grave ataque a la justicia estadounidense, argumentando que protegían a un grupo de «amigos políticos» de las consecuencias legales.
Budowich calificó la medida como una «erosión peligrosa e irreversible de las normas estadounidenses». Otros, incluidos exfuncionarios del Departamento de Justicia (DOJ), expresaron dudas sobre la efectividad de los indultos preventivos, señalando que estos no garantizarían inmunidad ante futuras investigaciones y podrían incluso facilitar que se obtuviera testimonio en juicios civiles o criminales.
En cuanto a las implicaciones legales, los indultos no protegen a los beneficiarios de investigaciones congresionales, procedimientos civiles o investigaciones fiscales, si estas se llegaran a producir. Esto significa que, aunque los indultos los eximen de cargos criminales federales, no los blindan contra otros tipos de escrutinio legal.
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Biden, al tomar esta decisión, también reflexionó sobre las advertencias expresadas por Trump y sus aliados en los días previos a su toma de posesión. En declaraciones previas, Biden había subrayado que las amenazas de Trump de «castigar» a aquellos que no se alinearan con sus intereses eran inaceptables y contrarias a la democracia.
Algunos de los miembros del comité, como el exrepresentante republicano Adam Kinzinger y el senador demócrata Adam Schiff, se mostraron en desacuerdo con la idea de recibir indultos preventivos, argumentando que esto podría sentar un precedente peligroso.
Por su parte, Jesse Binnall, uno de los abogados privados de Trump, destacó que los indultos facilitarían que los beneficiarios se vieran obligados a testificar en procedimientos judiciales o congresionales, ya que no podrían invocar la Quinta Enmienda para evitar hacerlo.
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