El ajuste al presupuesto del área de investigación científica practicada por el gobierno nacional en el primer año de gestión de Javier Milei, continuará profundizándose en el corriente ejercicio. Pero, además, el Ejecutivo nacional dispuso mediante un decreto cancelar todas las investigaciones científicas que no estén «al servicio del crecimiento económico y desarrollo estratégico del país». Y añade que solo se financiarán investigaciones relacionadas con “las temáticas de agroindustria, energía y minería, economía del conocimiento y la innovación y salud”.
El decreto recibió el rechazo inmediato de organizaciones nacionales e internacionales, como la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN), la Federación de Sindicatos Universitarios de América del Sur (FESIDUAS) y la Federación Latinoamericana de Trabajadores Científicos (FEDLATCI).
Es que la suspensión de financiamiento de investigaciones ajenas a las materias especificadas supone que en la Argentina el Estado deje de estudiar temas de vital importancia como el medio ambiente, el cambio climático, el aporte a otros tipos de industria o en ciencias sociales, en las que las investigaciones argentinas tienen reconocimiento mundial.
El desfinanciamiento de la ciencia está provocando un nuevo ciclo de exilio de investigadores argentinos
“La resolución constituye un acto de desmantelamiento de la estructura científica nacional, orientado a eliminar proyectos esenciales relacionados con ciencias sociales, medio ambiente y calentamiento global, áreas claves para el desarrollo sostenible de la Argentina y el bienestar de su población”, sostiene un documento conjunto firmado por las organizaciones mencionadas.
Pero además de la limitación arbitraria de los temas de investigación, la resolución, que firma el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, traerá graves consecuencias laborales para miles de investigadores, que se quedarán sin recursos para desarrollar el trabajo para el que se prepararon toda la vida. Se profundiza, de ese modo, un nuevo ciclo de exilio de investigadores argentinos, de reconocida calidad a nivel internacional que, sin trabajo en su país, serán contratados por el sector público de otros países o por empresas de otros países del mundo.
Una situación similar ocurrió durante la década del noventa, cuando miles de científicos emigraron a otros países, mucho de ellos para siempre y otros retornando en los primero años de este siglo, cuando una batería de medidas políticas y un incremento del presupuesto destinado a la investigación científica en la Argentina, dio origen a un ciclo inverso.
Hace apenas cinco años se aprobó en el Congreso de la Nación la ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, que establece el incremento progresivo y sostenido del presupuesto para el sector hasta alcanzar, en el año 2032 el 1% del PBI. Lo proyectado por la ley no sólo no se cumple, sino que además se prevé un progresivo y selectivo desfinanciamiento que atenta contra el espíritu de la normativa vigente y contra la tradición histórica de la ciencia nacional.