El Gobierno nacional detectó irregularidades e inconsistencias en los gastos, contratos y licitaciones de siete hospitales nacionales que fueron auditados en los últimos meses. Desde dispersión en los precios de los medicamentos, contratos el doble y hasta el triple más caro para seguridad y limpieza, y aumento inusitado de la cantidad de personal, sobre todo en la administración anterior, son algunas de las situaciones sospechosas que se registraron.
La investigación que puso en marcha el Ministerio de Salud alcanzó a los hospitales de alta complejidad Posadas, El Cruce y Cuenca Alta Néstor Kirchner, Garrahan (pediátrico), Bonaparte (salud mental y adicciones), Carrillo (discapacidad) y Sommer (enfermedad de Hansen – lepra). En la mayoría de los casos se comprobó, de acuerdo a un informe oficial reservado, distribución espuria de recursos, incorporaciones injustificadas de empleados a planta permanente, superposición o duplicación de servicios y distorsiones en la adquisición de insumos.
Las auditorías -que se aceleraron tras la asunción de Mario Lugones y Cecilia Loccisano como ministro y vice- pusieron la lupa en la adquisición de medicamentos. Se analizaron los precios pagados por los hospitales para ocho fármacos de mayor uso y se confirmó una fuerte dispersión de lo que pagó cada hospital por el mismo producto, pero también en relación con la venta al público. El arqueo se hizo sobre Aciclovir, Amoxicilina, Clonazepan, Budesonida, Diclofenac, Enalpril, Quetiapina y Tramadol y las diferencias entre los precios máximos y mínimos y respecto al valor en farmacias llamaron la atención de los funcionarios. También, que en el caso del Posadas se pagó casi tres veces más por el diclofenac que lo pagado en la venta minorista.
De acuerdo al informe oficial, por los mismos servicios tercerizados se detectaron precios dispares. Así fue en el caso del servicio de vigilancia, ya que la hora hombre en el Garrahan se pagó $8.000, mientras que en El Cruce se pagó $19.536 y en el Cuenca Alta $19.163. Pese a que era la misma empresa prestadora, la distorsión solo en ese rubro alcanzó el 144%. Algo parecido se dio en el servicio de limpieza, que en el Hospital Posadas tuvieron un costo mensual de $1.600.000 por persona, mientras que en El Cruce fue de $2.441.168 y en el Cuenca Alta $2.372.480, equivalente a una distorsión del orden del 53%.
Esas fueron algunas de las situaciones generales advertidas, pero en casos concretos, como en el Hospital Bonaparte, que el año pasado fue uno de los lugares de mayor conflictividad, detectaron la mayor distorsión entre camas ocupadas/presupuesto. Según la investigación, el 78% de su presupuesto se destinó a gastos de personal cuando el promedio en los demás hospitales nacionales no supera el 59%.
La revisión de gastos y funcionamiento del Hospital Pediátrico “Pedro Garrahan”, que tiene 4.800 personas directas y 6.600 en total, sumando los indirectos, el gobierno nacional detectó que en el caso de los cargos jerárquicos se produjo un incremento en los últimos diez años de casi el 60% en cantidad de gente, ya que pasó de 349 personas en 2014, a unas 556 en 2024. El nuevo Consejo de Administración redujo de 22 a nueve las coordinaciones que, aseguran, redundan en un ahorro de $ 351 millones en un año.
De acuerdo a lo que trascendió del relevamiento del Gobierno, en los últimos dos años de la gestión de Alberto Fernández la planta creció 20% y se comprobó superposición de funciones: tiene 200 agentes de mantenimiento, 150 personas de vigilancia y 480 agentes de limpieza y para todos estos servicios hay empresas tercerizadas. El Consejo de Administración del Hospital indicó que por el paquete de medidas de ajuste se eliminó el déficit $31 mil millones que arrastraban.
En el caso del Hospital Carrillo, dedicado a la salud mental, se detectaron “irregularidades en las licitaciones, uso excesivo de compra directa, porcentaje elevado de pagos por legítimo abono y redeterminaciones de precios”, situaciones quer derivaron en la presentación de una denuncia ante la Unidad de Auditoría Interna (UAI), y la paralización de obras. Según el Ministerio de Salud, hubo un recupero por un valor de casi $2.500 millones. El servicio de mantenimiento de espacios verdes se licitaba, pero el trabajo se realizaba de manera interna y tenía un costo de $1.062.000.000.
Respecto del Sommer, la conducción del Hospital denunció penalmente a la Asociación de Internados por irregularidades en el uso de fondos y el patrimonio público. Las maniobras fueron reveladas por el vocero Manuel Adorni en una de las conferencias de prensa matutinas del año pasado. De acuerdo con lo descubierto en las auditorías, se obligaban a los pacientes a asociarse, debitándoles automáticamente una cuota social de la remuneración que les paga el Estado, se ofrecía créditos con tasas usurarias que se debitaban automáticamente del sueldo. Además, en los últimos meses de 2023, ingresaron 91 nuevos empleados, con lo que la planta del hospital creció en un 10%.
En el caso del Hospital El Cruce, se informó que se renegociaron contratos vigentes, dando de baja a cláusulas de ajuste leoninas, generando ahorros sobre las órdenes de compras vigentes en diciembre del 52% promedio, que permitió un ahorro, según el Gobierno, de 1500 millones para los primeros tres meses del año a través de la prórroga de las licitaciones de servicios. Y respecto del Hospital Cuenca Alta Néstor Kirchner Cañuelas, al inicio de la gestión se encontró una deuda a prestadores de 3.000 millones de pesos, que derivó en que durante 2024 se arrastró un déficit de 2.000 millones. En el 2023 se realizó el pase masivo a planta del personal, sin concurso alguno y las horas extras y los reemplazos de guardia se pasaban como cargos remunerativos, lo que generaba descuentos indebidos sobre los trabajadores, con un estimado de 1.500 millones.
Después de esas irregularidades, el Ministerio de Salud avanzará con la publicación de una Guía de Buenas Prácticas en Gestión Financiera Hospitales, aplicará criterios similares y homogéneos para las contrataciones, la unificación de criterios de precios testigo, mediante la participación de la SIGEN, la gestión por resultados, la aplicación de criterios de productividad y el “recupero de costos”, que permitiría la adopción de mecanismos mixtos público-privados.