Último resguardo de la sociedad frente a eventuales atropellos del poder, la Corte de Justicia de Catamarca acaudilla una postura reñida con los más elementales principios del sistema republicano al mantener en secreto el último acuerdo salarial celebrado con el sindicato de empleados judiciales, en el que van calzados los emolumentos de sus integrantes que, además, se habrían otorgado un adicional de alrededor de un millón y medio de pesos.
Como las gestiones para acceder a la información por los canales habituales desde que trascendieron los incrementos han sido infructuosas, El Ancasti presentó ayer formalmente una nota pidiéndosela al presidente del tribunal, Hernán Martel.
El planteo se encuadra en la Ley Nacional 27275 de Derecho de Acceso a la Información Pública y la Ley Provincial 5336 de Libre Acceso a las Fuentes de Información Pública. Consigna el final que “en el marco de la democracia y el sistema republicano de gobierno, el objetivo de estas normas es facilitar y promover la participación de la sociedad en la discusión de asuntos de interés público, para lo cual se requiere información precisa y fidedigna”, cosa que ha sido hasta ahora imposible obtener debido a un eficaz pacto de silencio que involucra no solo a los miembros de la Corte, sino a la totalidad de la magistratura y al sindicato.
Esta “omertá” corporativa resulta inaudita. Los datos sobre los emolumentos de los funcionarios judiciales, como los de todas las personas que desempeñan tareas en el Estado, sobre todo en puestos de alta responsabilidad, son públicos. Tal condición obedece a una lógica obvia: los sueldos y demás gastos del sector público se pagan con fondos, justamente, públicos, que provienen de los impuestos que abonan los contribuyentes.
El hermetismo judicial transgrede de tal modo el derecho a la información que asiste a todo ciudadano. La Corte debería teóricamente resguardarlo, pero con su conducta lo violenta.
Versiones no desmentidas coinciden en que el aumento otorgado y ya cobrado supera el 12%, porcentaje que está muy por encima de la pauta salarial general y llevaría al Presupuesto judicial al agotamiento si no cuenta con auxilio del Poder Ejecutivo o se endeuda.
Seguramente la proverbial sensatez de los jueces ha considerado esta posibilidad y tomado las prevenciones pertinentes, lo que hace más extraña la reticencia a proporcionar los detalles de un convenio que incluso podría contribuir a la sana administración de todo el aparato estatal, desasnando al poder político con novedosas herramientas de gestión.
Por otra parte, una actitud tan transparente y generosa reconciliaría a los miembros del Poder Judicial con el resto de los agentes públicos, que desde el significativo incremento han comenzado a amasar inconvenientes resentimientos hacia lo que califican como una casta privilegiada. Quizás sea esta animadversión lo que induce a la corporación judicial a no revelar sus ingresos, pero a esta altura del asunto ha de admitirse que la difusión de las cifras será menos perjudicial que el empecinado mutismo.
Lo más inquietante, sin embargo, es descubrir con cuánta facilidad la más alta instancia judicial cedió a un oscurantismo que contraviene incluso concepciones vinculadas a la publicidad de los actos de gobierno vertidas en sus propias sentencias y desmiente las supuestas intenciones de modernizar la prestación del servicio de Justicia y fomentar una mayor participación de la ciudadanía.
Por supuesto, todo podría obedecer a una involuntaria omisión, distracciones hijas del espíritu findeañero o circunstanciales extravíos provocados por las tensiones con el Gobierno provincial. Son deficiencias fáciles de enmendar, para las que no se precisan los enmarañados trámites de las causas judiciales: no hace falta más que publicar el convenio y las acordadas correspondientes.