Edgar Bacchiani pasó su tercera Navidad tras las rejas y esta vez -como las anteriores-, volvió a pedir el beneficio de prisión domiciliaria al juez federal, Miguel Ángel Contreras, quien puso la pretensión a consideración de las partes intervinientes en la causa por la cual lleva detenido con prisión preventiva cerca de tres años.
“Se observa que Bacchani no ha logrado en su psicología y en su comportamiento haber alcanzado un grado de interpretación mínimo, que se encuentre arrepentido de su irrespetuosa conducta ante la ley y de una comprensión del enorme daño que ha causado. Mucho menos de arrimar alguna solución reparatoria, pues sus intentos (de pagar a los acreedores), han sido solo mentiras y engaños”, aseguró una querella que se manifestó en contra de que se le otorgue el beneficio.
“Estamos frente al inminente juicio en Córdoba, el 7 de febrero y probablemente para (2025) estemos ante el juicio en Catamarca. Torna irrazonable relajar las medidas dispuestas (contra Bacchiani) por el peligro en fuga. Razón en exceso comprobable para que los beneficios solicitados sean denegados, y así lo exigimos”, agregaron.
Esta negativa, manifestada por el abogado Bruno Jerez, en representación de más de 40 damnificados, se suma al pedido de pruebas realizado recientemente en el marco de la investigación de oficio que lleva adelante el fiscal Rafael Vehils Ruiz, por presuntas quiebras fraudulentas de la empresa Adhemar Capital SRL y Adhemar Bacchiani (persona física).
Se supo que al menos dos querellas se manifestaron en igual sentido. Falta el dictamen del Ministerio Público Fiscal y la posterior resolución del juez.
“La prisión domiciliaria no garantiza un control efectivo sobre sus capacidades técnicas, especialmente en el manejo de criptomonedas”, detalló la otra querella, a cargo de Diego Quinteros Martínez.
El futuro judicial de Bacchiani, alojado en el penal de Miraflores, es incierto. El juicio en Córdoba que se le iniciará en febrero por 50 hechos de estafas reiteradas puso en alerta a una parte de los damnificados de Catamarca, que reclaman acelerar la elevación a juicio de la causa federal.
Córdoba
El 19 de diciembre del año pasado, la Justicia de Córdoba notificó al Juzgado Federal N°1 de Catamarca, a cargo de Contreras, que a partir del 7 de febrero de 2025 Edgar Adhemar Bacchiani, fundador de la financiera Adhemar Capital SRL, será juzgado en aquella provincia por 50 hechos de estafas continuadas.
La causa fue instruida por la fiscal de Instrucción de Delitos Complejos, Valeria Paula Rissi, quien comenzó la investigación al tiempo que en Catamarca se multiplicaban las denuncias contra Bacchiani y su banda sin que se adopten medidas.
Rissi se adelantó a la pesquisa local y logró acceder a valiosa información que estaba a la mano. La iniciativa y la contundencia de la cordobesa tuvieron repercusión en los medios locales y nacionales, y dejó en evidencia la pasividad de la Justicia local.
El 19 de abril de 2022, mientras arreciaban las denuncias de damnificados de varias provincias, Rissi ordenó detener y allanar a Bacchiani en Catamarca y envió los oficios correspondientes. Sin embargo, algunas «demoras» retardaron la tramitación de las medidas y el 22 de abril la Justicia Federal realizó la detención por intermediación financiera sin autorización, entre otros delitos.
La mañana del viernes 22 de abril de 2022, los comisionados de Rissi en Catamarca obtuvieron la autorización de la Justicia local para detener a Bacchiani, quien momentos antes había sido arrestado por Gendarmería, con orden de la Justicia Federal.
A pesar de la sorpresa, los policías de Córdoba descubrieron que de la casa solamente se habían llevado a Bacchiani.
Realizaron el allanamiento y secuestraron varias computadoras, teléfonos celulares, documentos, pendrives y otros elementos que al día siguiente fueron trasladados a Córdoba y puestos a resguardo en el depósito de Tribunales 2.
Ese 22 de abril también fueron detenidos los principales laderos de Bacchiani, sus socios José Armando Blas y Alexis Sarroca.
Poco después el juez federal ordenó la captura de los cabecillas de Córdoba y Tucumán, Augusto Gabriel García Alaimo y Sofía Esther Aylan, respectivamente.
Alaimo sigue prófugo y con un supuesto pedido de captura internacional emitido por la Justicia Federal a la INTERPOL.
La desaparición de Alaimo expuso a la cordobesa Aldana Donato, quien también operaba en esa sucursal como gerenta y terminó procesada.
Paralelamente, la fiscal Rissi llevó a cabo distintos procedimientos en la sucursal de Adhemar Capital, ubicada en el pintoresco barrio de Cerro de Las Rosas.
La causa penal cordobesa avanzó rápidamente y se centró en Bacchiani, quien en 2022 pidió la quiebra de su SRL al tiempo que varios querellantes solicitaron la quiebra de Bacchiani, persona física. n
Los dos procesos se gestionan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, Secretaría de Concursos y Quiebras.
Según el expediente de la quiebra de la firma, se resolvió la situación de 270 damnificados y debe más de 1.500 millones de pesos.
En cuanto a la quiebra de Edgar Bacchiani, fueron verificados 854 créditos (acreedores), y la deuda supera los 11 mil millones de pesos, que sumada a la de la financiera rondan los 12.500 millones de pesos, sin considerar intereses y actualizaciones.
A casi tres años de iniciadas las causas, Bacchiani está detenido en el penal de Miraflores, procesado por la Justicia Federal por «intermediación financiera no autorizada en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación ilícita, en carácter de coautor».