El Poder Judicial de Catamarca tiene esa extravagante concepción de la autonomía que no solo le permite -y está muy bien que así sea- actuar con independencia de intromisiones de otros poderes, sino que además hasta puede hacer caso omiso a la realidad socioeconómica de la provincia y definir su propio estándar de nivel de vida. Así lo ha demostrado en el último acuerdo salarial con los empleados judiciales, a los que puso muy por encima del resto de los estatales e incluso un 47% por arriba de la inflación anual de 2024. Un genuino privilegio.
La secuencia fue la siguiente: el Ejecutivo había adelantado que otorgaría un incremento salarial a los empleados provinciales de acuerdo con la pauta inflacionaria, que en noviembre fue del 2,4%. La Corte de Justicia se acopló al mismo criterio y el 11 de diciembre pasado dispuso dar un porcentaje similar a su personal. Según el gremio UEJN Catamarca, la Corte le comunicó un aumento del 2,7% en noviembre y otro de 2,4% en diciembre, que se aplicaría por igual a magistrados, funcionarios y empleados. Pero el gremio rechazó todo y anunció un paro de actividades para los días 20 y 27 del mes pasado. Alegaba que con esas mejoras no compensaban la pérdida salarial que tuvieron los judiciales hasta diciembre de 2023.
El viernes 20 llevaron a cabo la primera medida de fuerza, que no generó mayores trastornos en la rutina de Tribunales. El jueves 26, un día antes de la segunda jornada de paro, la jueza Fernanda Rosales Andreotti -y no el presidente de la Corte, Hernán Martel-, mantuvo una reunión con los dirigentes sindicales y les anticipó la noticia feliz. «Ante la inminente firma de un porcentaje superior al 12%, la Comisión Directiva de la UEJN seccional Catamarca resolvió suspender el paro por 24 horas”, señaló el comunicado de la entidad.
Como es obvio, un paro de actividades en la Justicia un 27 de diciembre, último día hábil del año, hubiera surtido aún menos efecto que el del viernes anterior. De hecho, los abogados que llevan causas son conscientes de que lo que no consiguieron hasta la primera quincena de diciembre, deben resignarse a esperar hasta febrero.
El incremento, sin embargo, sería aún más alto. Al menos así lo afirmó la secretaria general del gremio estatal UPCN, Claudia Espeche, quien en un video publicado en Meta (exFacebook) celebró “ese 14% de aumento que se dio a los compañeros judiciales” y anticipó que trasladarán el reclamo de equiparación al Poder Ejecutivo provincial en una reunión prevista para el 15 de enero.
“Nos parece fantástico ese aumento, porque como gremio siempre vamos a celebrar que la gente cobre más sueldo”, dijo Espeche, pero luego advirtió que “lo que está complicado es el tema de la equidad salarial entre todos los sectores”.
Siguiendo el criterio anticipado por la Corte de Justicia al gremio del sector, es de suponer que, así como iba a ocurrir con el 2,4% de aumento en diciembre, este 14% también irá a parar a los bolsillos de jueces y funcionarios. De otra forma no se explica el apuro del máximo tribunal provincial de cerrar el acuerdo con el sindicato si el beneficio fuera solo para “las bases”. Un paro de actividades el día del brindis no podría representar ninguna presión insoportable.
Según trascendió de fuentes del sector, el incremento ya fue liquidado y cobrado. La familia judicial recibió 2025 con miles de alegrías.
Cumbre urgente
No obstante, el tema aún no se formalizó como corresponde porque aún no se publicó la Acordada de la Corte de Justicia que ratifica la medida.
Por esa razón, la nota que los ministros de Gobierno y de Hacienda de la Provincia, Nicolás Rosales Matienzo y Alejandra Nazareno, le remitieron al juez Martel como presidente de la Corte alude a la “gran preocupación” que les produjeron los “trascendidos periodísticos del último acuerdo de incremento salarial pactado entre el gremio que representa los empleados judiciales y la Corte de Justicia”.
Para los funcionarios, el problema es “que las proyecciones presupuestarias aprobadas por la Ley 5898 – Presupuesto 2025, podrían encontrarse intrínsecamente afectadas por lo acordado”, lo que provocará “no solo un descontento social general, sino que también generará una desigualdad remuneratoria entre éstos y los demás funcionarios y empleados públicos dependientes del Estado provincial”.
“Manifestamos nuestro pleno acuerdo con la necesidad de que los trabajadores obtengan aumentos salariales, siempre buscando mejorar su bienestar y reconocer su esfuerzo. Sin embargo, consideramos fundamental que dichos aumentos se realicen en un marco de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta la situación macroeconómica actual”, agregan.
Finalmente, Rosales y Nazareno solicitaron una audiencia con los miembros de la Corte, “en lo posible el día 16 de enero de 2025”, a la que también asistiría el gobernador Raúl Jalil. ¿Estarán disponibles los jueces en esa fecha para tratar el brete salarial?
Comparaciones odiosas
Con el último incremento dispuesto por la Corte, el Poder Judicial cerró el año con una evolución salarial de 161,6%, un 30% más que los docentes provinciales y casi un 33% más que los empleados de la Administración Pública.
La brecha es todavía mayor si se tiene en cuenta la inflación anual de Argentina. De acuerdo con el último informe del INDEC, la inflación en noviembre fue del 2,4%, y así acumuló en el año una variación de 112%. En cuanto a diciembre, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el BCRA indica que el índice sería del 2,7%. Por lo tanto, la inflación total de 2024 llegaría al 114,7%.
En función de eso, los salarios de la Justicia catamarqueña tuvieron un incremento anual superior en casi 47% a la inflación estimada para 2024.
El contexto de la pulseada por recursos financieros incluye la poda que tuvo el presupuesto 2025 del Poder Judicial en la Legislatura, donde el proyecto original de $150.000 millones fue recortado en $48.000 millones, es decir, el 32%.
La iniciativa presentada por la Corte de Justicia incluía la incorporación de 400 nuevos empleados para los cargos previstos en las nuevas dependencias a crear. Por lo visto, lo que no fue para mejorar el servicio de justicia se destinó para mejorar los sueldos.
Pugna reiterada
No es la primera vez que el Gobierno mete tijeras en las cuentas de la Justicia. En diciembre de 2023, días antes que asumiera Javier Milei la presidencia de la Nación, el Ejecutivo provincial decidió curarse en salud frente al ajuste fiscal en ciernes y mandó a recortar un 30% el presupuesto del Poder Judicial, incluyendo los aumentos salariales previstos. Y eso originó una protesta nunca vista en la provincia.
En efecto, tanto los jueces y funcionarios, algunos nucleados en la Asociación de Magistrados y otros autoconvocados, como los trabajadores del gremio judicial salieron a protestar a la calle con pancartas y altavoces en reclamo de la “independencia del Poder Judicial”. Todos coincidían en que se estaba avasallando su autonomía.
Pero en los meses siguientes, a medida que se empezó a calmar la economía, la Justicia pudo cumplir con su plan salarial sin mayores sobresaltos. Es decir, recibió en tiempo y forma los recursos de las arcas provinciales.
Y es así como se desarrolla la tensa relación entre ambos ámbitos. La Corte de Justicia, que cuenta entre sus miembros a varios exfuncionarios peronistas, aprovecha, porque conoce bien, la política de no confrontación de la gestión Jalil para hacer su juego. Sabe que tiene que soportar alguna presión, pero también que el grifo de los recursos no se cerrará. En rigor, así viene piloteando sus negociaciones con el Gobierno. Se podría decir que el tira y afloja del presupuesto es todo un clásico de fin de año en Catamarca.
Lo cierto es que mal no le va a la Justicia provincial. Clausuró el año con un incremento envidiable y se puso a buena distancia de la inflación. No en vano todos quieren estar al cobijo de su presupuesto y de sus largos recesos. Tanto profesionales como trabajadores rasos. Es el encanto de ser parte de la casta judicial.