El Poder Ejecutivo Provincial decidió comunicar oficialmente, a través de una nota dirigida al presidente de la Corte de Justicia de la provincia, Hernán Martel, la preocupación que lo embarga respecto de la política salarial para los empleados judiciales de la provincia dispuesta por el máximo tribunal de Justicia de la provincia, que contempla aumentos superiores al del resto de los empleados públicos, generando una inequidad manifiesta.
“El asunto que nos convoca representa una gran preocupación en la agenda anual presupuestaria, toda vez que las proyecciones presupuestarias aprobadas por la Ley N° 5898 – PRESUPUESTO 2025, podrían encontrarse intrínsecamente afectadas por lo acordado entre las partes anteriormente mencionadas, provocando no solo un descontento social general, sino que también generará una desigualdad remuneratoria entre éstos y los demás funcionarios y empleados públicos dependientes del Estado provincial», señala la nota firmada por los ministros de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Nicolás Rosales Matienzo, y de Economía, Alejandra Nazareno, que además solicita una audiencia de la que participará también el gobernador Raúl Jalil, lo cual confirma la importancia que en el gobierno le otorgan al asunto.
El propósito de esa reunión, que probablemente se haga pero recién en febrero, cuando vuelvan de sus vacaciones varios ministros de la Corte, sería que los ministros del Ejecutivo y el propio Jalil, se sobreentiende, le expliquen a los jueces la real situación de la provincia. El estado de las cuentas públicas provinciales es de un delicado equilibrio. No hay razones de corto plazo para preocuparse, pero siempre y cuando haya una política de gastos de todos los poderes austera y coherente con el espíritu del Presupuesto 2025 para la provincia.
En los últimos días del año pasado, la Corte convalidó un aumento salarial que alcanzaría el 14% para los trabajadores judiciales. Si bien aún no se publicó la acordada que formaliza el incremento, los trabajadores judiciales ya lo cobraron con los sueldos de diciembre. El resto de los empleados públicos provinciales recibió, como ya se había acordado, un aumento similar a la inflación del último mes, es decir, del 2,4%. La disparidad de criterios es evidente.
«Manifestamos nuestro pleno acuerdo con la necesidad de que los trabajadores obtengan aumentos salariales, siempre buscando mejorar su bienestar y reconocer su esfuerzo. Sin embargo, consideramos fundamental que dichos aumentos se realicen en un marco de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta la situación macroeconómica actual», señala la nota de los ministros a Martel.
En general, los salarios, tanto públicos como privados, se vienen actualizando en función de una inflación a la baja que perforó hacia abajo el 3% en octubre. Incluso gremios poderosos, que disponen de herramientas de presión sindical, han acordado actualizaciones salariales muy moderadas. Los camioneros de Moyano, por caso, aceptaron un incremento del 5,5% para los próximos tres meses. El gobierno nacional aspiraba a que sea del 1%, pero de todos modos la cifra de la actualización salarial está por debajo de las expectativas de la inflación en el primer trimestre del año.
La delicada situación económica que vive el país no admite la adopción de decisiones administrativamente irresponsables. Ni de incremento de haberes que consoliden privilegios inaceptables, como el que estuvieron a punto de gestar los senadores nacionales y que fue evitada por la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, que congeló por decreto la dieta de los legisladores de la cámara alta por tres meses. De no haber intervenido oportunamente la dieta se hubiese elevado hasta superar los 9 millones de pesos mensuales.
La responsabilidad fiscal en el actual contexto económico es esencial para evitar desequilibrios que luego deben lamentarse, además de pagarse con recursos que no están en caja.