La detención de Nahuel Gallo, un gendarme argentino de 31 años, en Venezuela generó un fuerte rechazo internacional, siendo considerada por la Organización de los Estados Americanos (OEA) como un «crimen de lesa humanidad».
El incidente, ocurrido el 8 de diciembre cuando Gallo intentaba ingresar al país desde Colombia para visitar a su familia, puso de manifiesto las graves violaciones de derechos humanos bajo el régimen de Nicolás Maduro, las cuales fueron condenadas por diversas entidades internacionales.
El Secretario General de la OEA, Luis Almagro, emitió un comunicado en el que calificó la detención de Gallo como una violación flagrante de los derechos fundamentales, haciendo énfasis en que el gendarme fue incomunicado y se le negó asistencia consular, lo que contraviene la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares.
La OEA exige la liberación inmediata de Gallo, así como la garantía de su seguridad y el derecho a comunicarse con su familia. “Que el régimen de Venezuela cumpla con los tratados y acuerdos internacionales sobre derechos humanos y relaciones internacionales; que certifique y garantice su seguridad física; que provea garantías de asistencia legal y contacto con su familia; y que libere inmediatamente a Nahuel Gallo” cita el comunicado.