Tras el escándalo de las absoluciones pagas en el caso del asalto a mano armada en Parque América y la justificación del juez de control de Garantías, Rodolfo Maidana, quien advirtió que faltaba una regulación provincial de la norma; el Gobierno de la Provincia le propuso a la Corte trabajar en la reglamentación del instituto de la reparación del daño en el ámbito penal, previsto en el artículo 59, inciso 6, del Código Penal Argentino. Vinculado a este hecho, distintos actores de la oposición apuntaron al Gobierno por la pensión que el primo de la ministra de Seguridad y hermano del intendente de Saujil, Camilo Carrizo, percibe de la ANSES.
La propuesta la envió el ministro de Gobierno, Nicolás Rosales Matienzo, al procurador de la Corte, Tristán Lobo. Allí, el ministro señaló que es necesario «evitar interpretaciones diversas por parte de los actores del Poder Judicial mediante una reforma legislativa que establezca criterios claros en la normativa procesal local». «Creemos que una regulación local específica proporcionará mayor claridad y previsibilidad. Nuestro Código Procesal Penal actual no recepta expresamente la reforma de ese artículo del Código Penal Argentino a la cual remite, ya que no consagra las reglas de disponibilidad de la acción penal, ni criterios de oportunidad, ni la forma en cómo se instrumentará la causal de extinción de acción penal por conciliación o reparación integral del perjuicio», apuntó Rosales.
El Gobierno propuso que se trabaje en un «anteproyecto legislativo» que regule con precisión los delitos alcanzados y los requisitos necesarios para aplicar esta causal de extinción de acción penal basada en la conciliación o reparación integral del perjuicio. De hecho, el juez Maidana había justificado la homologación del acuerdo en el caso del asalto de Parque América en la inexistencia de esta reglamentación. «Lo que podría poner la Legislatura es que la causal no podrá proceder en el caso en que se hayan usado armas, en que haya habido violencia contra las personas, abuso sexual contra menores de edad o que el acuerdo no procederá en los casos de personas que tengan antecedentes», sugirió por entonces.
La discusión se instaló con el acuerdo de absolución que lograron Camilo Carrizo, Diego Arroyo, Guillermo Nieva y Fernando Pacheco, quienes pagaron $8 millones a la familia Rolón Reynoso a modo de resarcimiento por el violento asalto de Parque América ocurrido el 4 de septiembre pasado.
Repercusión por Carrizo
Distintos actores de la oposición cuestionaron al Gobierno por el caso, tras conocer que el hermano del intendente Enzo Carrizo y primo de la ministra Fabiola Segura, Camilo Carrizo, percibe una pensión de la ANSES. Desde pedidos de renuncia para la ministra, hasta críticas a la administración del kirchnerismo en el organismo nacional.
El diputado provincial Adrián Brizuela (LLA), pidió la «inmediata renuncia de la ministra Segura, por reiteradas violaciones a la ley de Ética Pública», y además la intervención del fiscal Facundo Barros Jorrat «para que investigue si la conducta de la ministra Segura no se encuadra en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Natalia Herrera (UCR), por su parte, consideró que el Gobierno «debe actuar inmediatamente con todos sus órganos de contralor», y también pidió que desde ANSES «verifiquen la asignación de la pensión con el rigor del caso». «¿Cómo se autorizó esta pensión? ¿Estará realmente justificada, o se consiguió en tiempo récord por el parentesco de Camilo con Enzo? ¿Qué explicación le damos a las personas que tienen que peregrinar y esperar meses para transitar y cobrar su pensión? ¿Qué tipo de pensión recibe Carrizo que le permite seguir ejerciendo la actividad comercial y laboral con normalidad?», se preguntó la diputada.
Por su parte, Tiago Puente (UCR), pidió que se auditen las pensiones. «El kirchnerismo convirtió pensiones y plantas permanentes en refugios para militantes que no cumplen funciones. Urge auditar pensiones y designaciones heredadas de estas gestiones, revisar su legalidad y anular lo irregular. No es solo el caso de Carrizo, es un sistema armado para beneficiar a la militancia partidaria mientras los jubilados sufren. Revisar estas maniobras es una obligación moral», dijo.
Aclaración
Desde la empresa de Energía Catamarca SAPEM aclararon que Camilo Carrizo dejó de trabajar allí el 31 de marzo de 2023. Estuvo en la firma por el lapso de un año.