Gobierno pide reunión con la Corte por el último aumento de judiciales

viernes, 3 de enero de 2025 03:19

“Preocupación”. Así definieron en un escrito desde el Gobierno el posible aumento salarial “superior al 12 por ciento” de la Corte de Justicia para los trabajadores de este poder del Estado antes de terminar el 2024. Es que, explicaron, esto no solo afectaría las proyecciones del presupuesto vigente para este año, sino que también provocaría una clara desigualdad entre los salarios que perciben los trabajadores del sistema judicial respecto a los demás agentes estatales. Por eso, los ministros Nicolás Rosales Matienzo (Gobierno) y Alejandra Nazareno (Economía) le solicitaron al presidente del máximo tribunal, Hernán Martel, una reunión para mediados de enero junto al gobernador Raúl Jalil.
La inquietud expuesta por el Gobierno se originó en los últimos días de diciembre, cuando el sindicato que representa a los trabajadores judiciales alcanzó un acuerdo con la Corte superior al 12 por ciento. En aquella oportunidad, Cecilia Falcón, secretaria general de ATE Judicial, había considerado que el aumento salarial “es significativo, alcanzando dos cifras”, aunque evitó precisar el monto y el porcentual. “Ante una inminente firma de un porcentaje superior al 12%, la Comisión Directiva de la UEJN seccional Catamarca resolvió suspender el paro por 24 horas. Además, informamos a los compañeros que insistiremos en 2025 con el resto de los puntos pendientes y solicitados por UEJN”, comunicó por su parte la citada entidad gremial.
La cifra no pasó por alto en la Provincia. De hecho, en la nota enviada ayer a Martel, los dos ministros le expresan al cortesano “nuestra preocupación respecto a trascendidos periodísticos del último acuerdo de incremento salarial pactado entre el gremio que representa los empleados judiciales y la Corte de Justicia”. En esta línea, ambos funcionarios insisten que “representa una gran preocupación en la agenda anual presupuestaria”, para explicar que las estimaciones en la Ley de Presupuesto 2025 vigente (ya fue publicado en el Boletín Oficial) “podrían encontrarse intrínsecamente afectadas” por el acuerdo salarial. Dicho de forma menos sutil: esos fondos no están asegurados porque no fueron previstos.
Además, Rosales y Nazareno aludieron al último incremento en los haberes (no superó el 3%) de los empleados públicos en otros poderes u organismos del Estado, para observar que el dispuesto por la Corte no solo provocaría “un descontento social general, sino que también generará una desigualdad remuneratoria entre éstos y los demás funcionarios y empleados públicos dependientes del Estado provincial”. En otras palabras, ampliaría la brecha salarial entre un trabajador judicial con alguien que preste labores en el Ejecutivo. 
Los funcionarios del Gobierno también remarcaron que están de acuerdo “con la necesidad de que los trabajadores obtengan aumentos salariales, siempre buscando mejorar su bienestar y reconocer su esfuerzo”. Sin perjuicio de eso, acotaron que es “fundamental que dichos aumentos se realicen en un marco de sostenibilidad económica, teniendo en cuenta la situación macroeconómica actual”. De esta forma, subrayaron que “la adecuación de estos incrementos a las condiciones fiscales y económicas garantizará que los mismos sean viables a largo plazo, contribuyendo así al fortalecimiento de la estabilidad financiera de nuestra provincia”.
Así las cosas, tras fundamentarle a Martel el punto de vista del Gobierno y “a los fines de exponerles la situación financiera y económica de la provincia, solicitamos una audiencia con los miembros de la Corte, en lo posible el día 16 de enero de 2025, a la cual asistirá también el gobernador de la provincia, Raúl Jalil”.