Luego que se viralizara un video de Fabiola Yañez celebrando Año Nuevo en un restaurante de Madrid, la diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, presentó una denuncia penal contra de la exprimera dama por malversación de fondos públicos.
La difusión del material audiovisual puso bajo cuestionamiento público la custodia que Yañez recibe por parte del Estado y fue dispuesta por la Justicia luego de que ella denunciara al expresidente Alberto Fernández por violencia de género.
La presentación judicial se suma al pedido de informe que el presidente Javier Milei le solicitó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el cual deberá ser elevado a los tribunales para que Yañez deje de recibir custodia.
La denuncia, que fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N°7, se centra en «el uso indebido de bienes públicos asignados en el marco del Servicio de Protección de Estado y Custodia» y asegura que dichos recursos habrían sido «empleados para fines personales«.
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Gracias a la Ministra @PatoBullrich la justicia levantará la custodia de Fabiola Yáñez. En este sentido presenté una denuncia para que se investigue si usaba a los custodios -que pagamos todos los argentinos- de choferes personales y no para brindarle seguridad (tal cual… pic.twitter.com/tdJq3heakG
— Marcela Pagano (@Marcelampagano) January 3, 2025
Sin hacer hincapié en la causa sobre violencia de género, Pagano aseguró que Yáñez «ha sido beneficiaria del Servicio de Protección de Estado y Custodia, el cual tiene como objetivo garantizar la seguridad personal de ciertos funcionarios y sus familiares directos» en «su calidad de pareja del expresidente de la Nación».
«En contravención al objeto de este servicio, la Sra. Yáñez habría utilizado reiteradamente los bienes asignados para actividades de índole estrictamente personal, como usar a los custodios de choferes y uso de los vehículos asignados para fines no relacionados con su seguridad», sostuvo la legisladora.
En el escrito presentado ante la Justicia, la libertaria señaló: «Estos hechos, de confirmarse, constituirían una clara desviación de los bienes públicos para fines distintos a aquellos para los que fueron dispuestos, afectando la correcta administración y uso de recursos del Estado Nacional».