Estado que resuelva

Las obras de remodelación de la plaza del barrio Los Ceibos, en el norte de San Fernando del Valle de Catamarca, iban a ser realizadas con financiamiento nacional. El compromiso del gobierno federal era, como se inferirá fácilmente, anterior a la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación. La nueva gestión nacional suspendió o canceló una altísima proporción de obras públicas –algunos estudios mencionan que más del 90%- , por lo que gobernadores e intendentes de todo el país tuvieron que optar por desistir de su concreción o financiarlas con fondos propios en un contexto de pronunciada baja de los recursos por caída tanto de la coparticipación federal como de los fondos provenientes de envíos no automáticos.

De modo que acometer la realización de obras públicas que no estaban contempladas en los presupuestos provinciales o municipales supone un esfuerzo extraordinario para gestiones locales. “Estoy tranquilo porque una vez más pudimos cumplir con la palabra empeñada hacia los vecinos. Esta plaza era un enorme desafío porque tenía financiamiento nacional, después ya no recibimos los fondos y tuvimos que comenzar a reorganizar en el municipio para poder cumplir con los vecinos, porque les habíamos dicho que la íbamos a tener finalizada para fin de año y hoy estamos cumpliendo una demanda y una necesidad”, dijo Saadi al momento de inaugurar la remodelación.

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Todo parece indicar que la retirada del Estado nacional del financiamiento de la obra pública persistirá en el futuro. Es que no se trata solamente del énfasis por mantener el superávit fiscal; es también parte de la filosofía del actual gobierno federal que no concibe al Estado en su rol de activo promotor del desarrollo. Saadi, en su alocución, se diferenció de esa concepción ideológica: “No se trata aquí de si ‘más Estado’ o ‘menos Estado’, como es la gran discusión nacional, sino fundamentalmente hoy se trata de tener un Estado eficiente, un Estado que resuelva y por eso hoy esta plaza está concluida”.

La persistencia de la posición libertaria de no financiar obra pública plantea problemas complejos. En todos los países del mundo, capitalistas o no, el Estado ha sido un factor clave en la construcción de infraestructura para el desarrollo. Argentina es una prueba cabal de ello, no solo en otros períodos de su historia, sino también en la actualidad. No puede considerarse gasto, sino inversión el financiamiento de obras que luego permiten al país, además de beneficios para sus habitantes, producir más y exportar más. Es decir, generar recursos que contribuyen a mejorar los números fiscales, no para un período acotado, sino desde una perspectiva estratégica, de largo plazo.

La inversión privada en obras se materializa solamente si hay una rentabilidad en el corto plazo que permita recuperar los desembolsos realizados y ganar dinero adicional.

La inversión estatal durante los últimos años en Vaca Muerta y en la construcción del gasoducto Néstor Kirchner y la reversión del gasoducto Norte supuso una fuerte erogación de fondos, pero el beneficio de ahora en más será inmensamente superior. La puesta en marcha durante el gobierno de Alberto Fernández del primero de los gasoductos nombrados permitió que la Argentina, por primera vez en muchos años, empezara a atener superávit energético. De hecho, el sector de la energía aportó en 2024 5.223 millones de dólares más que en el mismo período del 2023. Y se prevé que en 2030 Vaca Muerta genere un superávit energético de alrededor de 30.000 millones de dólares. Contribuirán a ese despegue, según las proyecciones, las inversiones privadas. Pero hizo falta previamente el impulso decidido de la inversión pública.