La Justicia hizo lugar a una medida cautelar pedida por organizaciones civiles para evitar el vaciamiento de las instituciones que trabajan en defensa de las niñeces, las mujeres y las diversidades que enfrentan situaciones de violencia. Un juez federal ordenó al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que frene con el desmantelamiento del área de ese organismo dedicado a combatir la violencia de género.
Asimismo, el fallo firmado un día después de que el Gobierno anunciara una supuesta baja de los femicidios durante 2024 ordena que el Ministerio «deberá sostener la producción y publicación de evidencia y estadísticas a cargo de esos organismos».
El juez Enrique Alonso Regueira, a cargo del Juzgado Federal 1, hizo lugar al pedido del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), de Ni Una Menos (NUM), de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS), de Mujeres por Mujeres (MxM), de la Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organizaciones que habían presentado una acción judicial contra el Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo de la Nación por el vaciamiento sistemático de las instituciones del Estado que trabajan para garantizar los derechos de las mujeres, las niñeces y las diversidades y su protección frente a la violencia.
En la acción declarativa de certeza, estas organizaciones exigieron al poder Ejecutivo que informara adecuadamente cómo dará cumplimiento a sus obligaciones de garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias y que mientras tanto no despida personal, frene la eliminación de programas y sostenga la producción y publicación de evidencia, ante el desmantelamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género. Sin aportar ni una sola prueba, en su respuesta presentada ante la justicia, el Estado negó haber cerrado la Subsecretaría y los 81 Centros de Acceso a la Justicia (CAJ). El juez cuestiona la respuesta del Poder Ejecutivo y ordena que se mantengan los recursos humanos y de infraestructura para evitar el total vaciamiento de las políticas públicas. Con esta medida, dicen las organizaciones, “el Poder Judicial da un paso clave en la protección de los derechos de las mujeres, niñas y adolescentes”.
En su resolución, el juez Regueira destaca que el Ministerio de Justicia, a pesar de haber alegado que los programas y recursos se encuentran reorganizados conforme el criterio de “eficacia y eficiencia de la actual gestión de gobierno”, no ha presentado en el expediente judicial constancia alguna que permita demostrar que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley de Protección Integral de las Mujeres, ni ha mencionado o detallado la forma en la que se está cumpliendo con esas prestaciones.
La Justicia ya había reconocido formalmente la legitimidad de las organizaciones para representar al colectivo de mujeres, niñas y adolescentes, víctimas y potenciales víctimas de violencia de género en estado de vulnerabilidad múltiple, y había ordenado que se inscribiera la acción en el Registro de Procesos Colectivos: es la primera vez que se presenta una acción de esta naturaleza durante el gobierno de Javier Milei.
La decisión del juez enfatiza que el Estado “no ha arrimado constancia alguna que permita inferir que se esté garantizando la prestación mínima obligatoria en los términos establecidos en la Ley 26.485, así como tampoco ha detallado, ni siquiera mencionado, la forma en la que se está cumpliendo con las prestaciones referidas […] Lo que me lleva a concluir que la verosimilitud en el derecho se encuentra suficientemente acreditada”.
Las organizaciones explican que en la actualidad no existe un organismo específico de protección contra la violencia de género y precisan que las cifras del primer trimestre de 2024 muestran una caída significativa en la cantidad de personas alcanzadas por los distintos programas:
También señalan que de las 20 mil altas programadas para el primer trimestre de 2024 del Programa Acompañar, sólo se realizaron 434. Y que se presentaron 2.462 solicitudes de personas en situación de violencia, 54,4% de ellas se encontraba con el máximo nivel de riesgo.