Luego de una minuciosa investigación, la fiscal de Instrucción N°7 de Distrito Este, Paola González Pinto, cerró la investigación penal preparatoria y envió a juicio a los cinco imputados por el homicidio de Marcelino Pachado, ocurrido el 7 de febrero de 2017 en la ribera de Río del Valle, detrás del predio del ex hotel Sussex, en el sur de la Capital.
La fiscal imputó a Cristian Marcelo Barros (padre), Nery Nelson Barros, Cristian Alejandro Barros, Marcelo Exequiel Barros y a Gustavo Exequiel Varela por “homicidio agravado por alevosía”.
La actual investigación del caso estuvo a cargo de personal de la Oficina Judicial de Investigaciones Especiales que depende de la Policía Judicial y efectivos de la División Homicidios de la Policía de la Provincia bajo las órdenes de la fiscal.
Según la pesquisa y los elementos de pruebas reunidos, el crimen ocurrió el 7 de febrero de 2017 entre la 1.30 y las 3 en el domicilio de la familia Barros, en Barrio Montecristo, donde se encontraban Marcelino Pachado y los imputados. En ese lugar, Pachado fue atacado con golpes de puño y con elementos contundentes, aprovechando que estaba ebrio y en total estado de indefensión. Según las pericias, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, causándole graves fracturas en el rostro, la cabeza y el tórax, lesiones que luego fueron descriptas por personal médico.
Posteriormente, envolvieron el cuerpo malherido de Pachado con una sábana y lo trasladaron en un automóvil de Marcelo Barros (padre), hasta la vera de Río del Valle donde lo abandonaron.
Más tarde el damnificado fue hallado, auxiliado y posteriormente trasladado al Hospital San Juan Bautista, donde quedó internado en terapia intensiva, como consecuencia del estado grave de salud derivado de las lesiones sufridas.
Luego de agonizar una semana, falleció el 15 febrero de 2017 por las lesiones provocadas por los agresores.
Esta nueva investigación determinó que después de la golpiza y de abandonar a Pachado al costado del río, los violentos enterraron en el patio de la casa de la familia Barros la sábana y los elementos que utilizaron durante la agresión.
Además, inutilizaron el automóvil que luego fue abandonado en el predio de la Planta de Tratamientos de Residuos, situada en la zona sur de esta ciudad Capital.
Cuando el auto fue hallado, estaba completamente destruido.
Juicio sin pruebas
En noviembre de 2018, el tribunal de la Cámara Penal de Primera Nominación, integrado por el presidente Fernando Damián Esteban y los vocales Carlos Alberto Roselló y Carlos Rodolfo Moreno, absolvió por el «beneficio de la duda» a Alfredo “Cabezón” Soto, imputado por “homicidio simple” por el crimen de Pachado.
Según esa primera investigación, llevada a cabo por el entonces fiscal de Instrucción N° 3, Javier Herrera, Soto y Gustavo «Guty» Moya fueron los atacantes. Los dos fueron arrestados cuatro meses después y el fiscal los imputó por «homicidio simple en calidad de coautores».
La pericia psiquiátrica realizada a Moya determinó que el sujeto era inimputable por una alteración mental y que no entendía la criminalidad de sus actos. Por tal motivo, el fiscal Herrera solicitó que sea sobreseído.
El juicio contra Soto terminó con su absolución porque para los jueces del Tribunal, la investigación no produjo pruebas suficientes y con la contundencia necesaria como para condenarlo.
En sus alegatos, el fiscal Jorge Silva Molina había pedido una pena de 9 años y seis meses y le unificó una condena de seis meses en suspenso por un robo. Así fue como terminó solicitando una pena de 10 años de cárcel.
Luis Armando Gandini, defensor de «Cabezón», pidió la absolución y que se declare nula la causa. «Solo hay sospechas y comentarios», indicó. Luego de la sentencia hubo incidentes frente a la Cámara Penal con familiares de Pachado.