Llamativa tolerancia

Hace apenas dos meses, a fines de octubre, el Gobierno nacional echó a una funcionaria del Ministerio de Capital Humano porque había gastado dos millones en una cafetera. Si bien el precio era exorbitante, sobre todo en tiempos en los que “no hay plata”, el gesto del desplazamiento pareció una sobreactuación. Hoy lo parece aún más, sobre todo cuando la gestión que encabeza Javier Milei peca por acción u omisión ante casos bastante graves que se vinculan con su espacio político o aliados políticos.

El caso más resonante es el del senador Edgardo Kueider, que si bien llegó a su banca por el peronismo, jugó un rol crucial en la aprobación de la Ley Bases impulsada por el oficialismo en el Congreso de la Nación. Cuando se debatió la expulsión del senador nacional por habérsele encontrado más de 200.000 dólares sin declarar, fueron varios los libertarios que acompañaron la medida. Pero luego de concluido el acto, el propio Milei y otros funcionarios nacionales salieron a denunciar que la sesión no era válida, lo que fue interpretado como un apoyo al ex legislador entrerriano. Quienes conocen la intimidad del poder libertario sostienen la incomodidad que genera la investigación judicial en Paraguay de la ruta del dinero Kueider.

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La defensa más polémica del gobierno fue, sin embargo, a favor del jefe de la DGI, Andrés Vázquez, el funcionario que eligió el presidente Javier Milei para luchar contra la evasión fiscal y promover la recaudación tributaria y que, según pudo constatar una investigación periodística, compró, a través de sociedades en el exterior, tres departamentos en Estados Unidos por más de US$2 millones que no consignó en sus declaraciones juradas. El gobierno se mantuvo en silencio antes las graves acusaciones, salvo el vocero Manuel Adorni, que lo justificó argumentando que había sido sobreseído en la causa por Andrés Lijo, el juez que Milei impulsa para la Corte Suprema. De hecho, Andrés Vázquez sigue en su cargo pese a las graves imputaciones que pesan en su contra.

También sigue en su cargo el flamante número dos de la SIDE, Diego Kravetz, quien, cuando todavía era secretario de Seguridad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, agredió violentamente a un adolescente en plena calle. El apremio ilegal hubiese pasado al olvido si no hubiese sido registrado por una cámara de seguridad que permite ver con absoluta nitidez la actitud violenta del que era el principal responsable de la seguridad en la capital de la Argentina y hoy ocupa un encumbrado cargo en el organismo de inteligencia.

Otros de los dirigentes que están en la mira de la Justicia por descubrimientos hechos a partir de investigaciones periodísticas es Cristian Ritondo, jefe de bloque de los diputados nacionales del PRO y aliado legislativo del gobierno. Una pesquisa de la prensa detectó que la esposa de Ritondo, Romina Aldaga Diago, tiene vinculaciones con sociedades en paraísos fiscales, y con la adquisición de propiedades en Miami y el sur de la Florida, Estados Unidos. Ambos, Ritondo y su esposa, fueron denunciados ante la Justicia por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, encubrimiento, cohecho y tráfico de influencias. Milei, pese a que no pertenece a su espacio, defendió sin embargo al referente del PRO. En una cena en Tucumán, el jueves pasado, el Presidente dedicó un párrafo de su discurso a “reconocer el fundamental aporte” legislativo de Ritondo, a quien declaró “víctima de operaciones y persecuciones”.

En este contexto de llamativa tolerancia respecto de hechos irregulares con presunción de comisión de delitos, el discurso anticasta parece haber quedado definitivamente en el pasado.