La Justicia de Córdoba notificó ayer al Juzgado Federal N°1 de Catamarca, a cargo de Miguel Ángel Contreras, que a partir del 7 de febrero de 2025 Edgar Adhemar Bacchiani, fundador de la financiera Adhemar Capital SRL, será juzgado en aquella provincia por 50 hechos de estafas continuadas.
La causa fue instruida por la fiscal de Instrucción de Delitos Complejos, Valeria Paula Rissi, quien comenzó la investigación al tiempo que en Catamarca se multiplicaban las denuncias contra Bacchiani y su banda sin que se adopten medidas.
Rissi se adelantó a la pesquisa local y logró acceder a valiosa información que estaba a la mano. La iniciativa y la contundencia de la cordobesa tuvieron repercusión en los medios locales y nacionales, y dejó en evidencia la pasividad de la Justicia local.
El 19 de abril de 2022, mientras arreciaban las denuncias de damnificados de varias provincias, Rissi ordenó detener y allanar a Bacchiani en Catamarca y envió los oficios correspondientes. Sin embargo, algunas «demoras» retardaron la tramitación de las medidas y el 22 de abril la Justicia Federal realizó la detención por intermediación financiera sin autorización, entre otros delitos.
La mañana del viernes 22 de abril de 2022, los comisionados de Rissi en Catamarca obtuvieron la autorización de la Justicia local para detener a Bacchiani, quien momentos antes había sido arrestado por Gendarmería, con orden de la Justicia Federal.
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A pesar de la sorpresa, los policías de Córdoba descubrieron que de la casa solamente se habían llevado a Bacchiani.
Realizaron el allanamiento y secuestraron varias computadoras, teléfonos celulares, documentos, pendrives y otros elementos que al día siguiente fueron trasladados a Córdoba y puestos a resguardo en el depósito de Tribunales 2.
Ese 22 de abril también fueron detenidos los principales laderos de Bacchiani, sus socios José Armando Blas y Alexis Sarroca.
Poco después el juez federal ordenó la captura de los cabecillas de Córdoba y Tucumán, Augusto Gabriel García Alaimo y Sofía Esther Aylan, respectivamente.
Alaimo sigue prófugo y con un supuesto pedido de captura internacional emitido por la Justicia Federal a la INTERPOL.
La desaparición de Alaimo expuso a la cordobesa Aldana Donato, quien también operaba en esa sucursal como gerenta y terminó procesada.
Paralelamente, la fiscal Rissi llevó a cabo distintos procedimientos en la sucursal de Adhemar Capital, ubicada en el pintoresco barrio de Cerro de Las Rosas.
La causa penal cordobesa avanzó rápidamente y se centró en Bacchiani, quien en 2022 pidió la quiebra de su SRL al tiempo que varios querellantes solicitaron la quiebra de Bacchiani, persona física.
Los dos procesos se gestionan en el Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial y de Ejecución de Segunda Nominación, Secretaría de Concursos y Quiebras.
Según el expediente de la quiebra de la firma, se resolvió la situación de 270 damnificados y debe más de 1.500 millones de pesos.
En cuanto a la quiebra de Edgar Bacchiani fueron verificados a 854 créditos (acreedores), y la deuda supera los 11 mil millones de pesos, que sumada a la de la financiera rondan los 12.500 millones de pesos, sin considerar intereses y actualizaciones.
A casi tres años de iniciadas las causas, Bacchiani está detenido en el penal de Miraflores procesado por la Justicia Federal por «intermediación financiera no autorizada en concurso ideal con lavado de activos y defraudación, todo en concurso real, con asociación ilícita, en carácter de coautor».
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Insolvencia fraudulenta
La Fiscalía Federal, a cargo de Rafael Vehils Ruiz, comenzó recientemente una investigación de oficio para determinar si Bacchiani y su banda realizaron maniobras para evadir los pagos a sus acreedores, ocultando dinero y bienes muebles e inmuebles a través de terceros o testaferros.
En 2022 y por el cúmulo de documentos secuestrados en los allanamientos, la escribana Joaquina Córdoba Gandini fue imputada por «insolvencia fraudulenta». Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán declaró nula la imputación. Para los investigadores, la escribana posibilitó la insolvencia ilegal de Bacchiani.
Conexión Wika
A principios de 2022, una de las ex esposas y apoderada de Bacchiani, Sofía Piña, denunció al empresario catamarqueño Cristian Guillou por supuesta usurpación del complejo Wika, local bailable ubicado en el faldeo que rodea al dique El Jumeal.
Guillou había realizado operaciones con Bacchiani, quien incurrió en cesación de pagos y llevó a que el empresario retome por la fuerza la posesión del inmueble negociado, que quedó directamente vinculado con las criptotestafas. Guillou denunció a Bacchiani por insolvencia fraudulenta y se generó una causa penal que quedó en manos del fiscal Hugo Leandro Costilla, quien dos años más tarde pidió desestimar y archivar las actuaciones.
La pretensión recayó en el Juzgado de Control de Garantías a cargo de Marcelo Sago, quien con durísimas expresiones rechazó la petición y evidenció la existencia de curiosas maniobras por parte del fiscal.
«Verdaderamente el fiscal pareciera haberse ocupado más de desacreditar a la víctima como persona que de analizar los hechos susceptibles de persecución penal de oficio que llegaron a su conocimiento por medio de aquellas denuncias», indicó Sago en su fallo.
«En referencia al resto de las operaciones denunciadas y a la documentación allí presentada, que en principio podría acreditar las mismas, poco dice el fiscal, quien por otra parte ni siquiera verificó la fecha a partir de la cual el Sr. Bacchiani habría estado inhibido para disponer libremente de sus bienes -si es que en realidad lo estuvo o está-, puesto que ese dato no existe (acreditado en el expediente) bajo ningún punto de vista», agregó el juez.
Entre otras apreciaciones, Sago consideró que Costilla debió realizar una «investigación más profunda (…) y no limitarse a señalar que todo forma parte del despliegue de una acción vengativa del denunciante en contra Bacchiani».
La causa en Córdoba
- Solamente será juzgado Edgar Bacchiani a partir del 7 de febrero del año que viene.
- Bacchiani es el único procesado de la causa alojado en una cárcel, en el penal de Miraflores.
- La Corte Suprema de Justicia aún no resolvió el incidente jurisdiccional entre la Justicia Federal y la Justicia de Córdoba.
- La Justicia de La Rioja también investiga a Bacchiani por intermediación financiera no autorizada y estafas.
- En abril vence la prórroga de prisión preventiva para Bacchiani, Sarroca, Blas y los demás procesados.
- En la causa hay una sola persona prófuga: Augusto Gabriel García Alaimo, quien cuenta con pedido de captura internacional emitido por la Justicia Federal.