El diputado nacional Francisco Monti cuestionó duramente el acuerdo que avaló la Justicia y que permitió el sobreseimiento total y definitivo de los cuatro hombres que estuvieron imputados por el asalto en Parque América. Consideró que sienta un grave precedente en el contexto social de las criptoestafas. Pidió que el Procurador y la fiscalía general aclaren esta situación que terminó en un acuerdo entre partes.
«El acuerdo conciliatorio homologado por la Justicia provincial en el marco de la causa por el robo doblemente calificado dispara una enorme preocupación», sostuvo Monti.
Esta semana se conoció que el juez de Control de Garantías Nº 1, Roberto Maidana dictó el sobreseimiento total y definitivo de Guillermo Hernán Nieva (34), Diego Marcelo Arroyo (44), Camilo Alberto Carrizo (34) y Fernando Ariel Pacheco (40), quienes estaban acusados por asaltar a uno de los procesados de la causa RT Inversiones SRL, Matías Exequiel Rolón -por millonarias estafas- la madrugada del 4 de septiembre en su casa de barrio Parque América, en la ciudad Capital. Los cuatro estaban imputados por el delito de «robo doblemente calificado por el uso de armas y por ser cometido en poblado y en banda en calidad de coautores».
El fiscal Hugo Costilla solicitó al Juzgado que homologue el acuerdo conciliatorio suscripto entre las partes intervinientes y declare la «extinción de la acción penal», de acuerdo con lo establecido en el artículo 59, inciso 6 del Código Penal, que establece que «la acción penal se extinguirá por conciliación o reparación integral del perjuicio, de conformidad con lo previsto en las leyes procesales correspondientes».
«El mensaje del Poder judicial es socialmente peligroso: se induce a la sociedad en donde miles de personas han sido víctimas de “criptoestafas” a hacer justicia por mano propia al sentar este precedente», opinó.
«Cabe preguntarse cuál es el criterio de política criminal que baja desde la Procuración de la provincia y de la Fiscalía general respecto de los fiscales de instrucción. Urge que el Procurador de la provincia, Tristán Lobo y el fiscal general, Alejandro Gober, aclaren a la sociedad en general, que es a quien representan, cuáles son las prioridades en cuanto a perseguir delitos y llevar las investigaciones hasta las últimas consecuencias cuando se trata de hechos de enorme gravedad e interés público», agregó.
«Lamentablemente el novedoso criterio para aplicar el “principio de oportunidad” va a consagrar la impunidad y sentar un precedente de enorme gravedad», afirmó.
El diputado Hugo Ávila (FAC) también había advertido los riesgos del acuerdo judicial. «El juez y el fiscal hacen alusión al artículo 59, inciso 6 del Código Penal, pero lo aplican de manera discrecional, abusiva, porque obviamente que si podías ir 15 años preso, no podés quedar libre por haber pagado 8 millones de pesos. Y porque indudablemente esta banda es de una gran peligrosidad», había expresado.