viernes, 13 de diciembre de 2024 19:20
El Gobierno de Javier Milei imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, por los aumentos que aplicaron por encima de la inflación entre diciembre del año pasado y abril de 2024. Además, apuntó contra la entidad que las agrupa (UAS) y el empresario que la dirigía en aquel momento, Claudio Belocopitt.
«La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) imputó por presunta cartelización a las empresas de medicina prepaga, a la Unión Argentina de Salud y a Claudio Belocopitt. A partir de ahora, las firmas del sector imputadas tienen 20 días hábiles para formular su descargo y ofrecer pruebas para desvirtuar las conductas imputadas», anunció Manuel Adorni.
«Las empresas alcanzadas son Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint, OSDE, la confederación Unión Argentina de Salud (UAS), y Claudio Belocopitt, que en ese entonces ejercía el doble rol de presidente de Swiss Medical y de la UAS», detalló el vocero presidencial.
Esta medida surge a partir de una denuncia por cartelización vinculada a la fijación de precios entre los meses de diciembre 2023 y abril 2024. «En abril, el Ministerio de Economía intervino dictando una medida de tutela anticipada que obligó a las empresas del sector a retrotraer los precios de los planes de salud a los vigentes en diciembre, y dictaminó que los aumentos no podrán ubicarse por encima de la inflación», detalló.
Si bien no fue comentado por el vocero porque se tomó esta medida, en enero de este año dirigentes de la Coalición Cívica que responden a Elisa Carrió presentaron una denuncia ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga que integran la UAS por incurrir en una cartelización para incrementar los precios a usuarios y proveedores de manera coordinada. «Ahí no hay competencia, hay abuso», denunciaron.
En su escrito, explicaban que los aumentos registrados fueron del 40% durante enero y del 30% durante febrero y en ambas oportunidades fueron presentados por Belocopitt como resultado de un acuerdo celebrado en el marco de la cámara de empresas que los nuclean: la UAS.
Tras el anunció de Adorni, que cerró su alocución con la advertencia de que «en la Argentina ya no hay lugar para este tipo de avivadas», la Secretaría de Industria y Comercio emitió un comunicado en el que afirma que «la CNDC fijará un plazo, que no podrá ser mayor a 90 días hábiles -y que de considerar necesario podrá prorrogar por hasta 90 días hábiles más- para que se produzca la prueba concedida. Concluido este periodo, las partes imputadas contarán con seis días hábiles para presentar sus alegatos».
El comunicado agrega que «en caso de que la prueba producida resulte suficiente para desvirtuar la imputación, la CNDC podrá disponer el archivo de las actuaciones. En caso contrario, la Secretaría de Industria y Comercio en conjunto con la CNDC podrán multar a las imputadas con hasta el 30 por ciento de su volumen de negocios o hasta el doble del beneficio ilícito obtenido».
Fuentes de la Unión Argentina de Salud, que desde la salida de Belocopitt es presidida por Hugo Magonza, dijeron que «Sólo tenemos información por medios periodísticos y lo que dijo el vocero. Todo el tema lo vienen siguiendo nuestros estudios jurídicos. Cuando tengamos información oficial daremos un opinión».
Otras fuentes del sector de las prepagas tomaron la noticia con mesura: “Se movió algo que hace referencia a una etapa del pasado, un paso que tenía que suceder. Hoy por hoy, en el presente, y sobre todo desde la llegada del ministro Mario Lugones, el vínculo entre los funcionarios y el sector mejoró muchísimo y fluye. La intención es acompañar. Los aumentos que vinieron, cuando alguno se excedió, lo terminaron llamando y fue para atrás. Y las grandes prepagas están todas bastante en sintonía». Y para cerrar, subrayaron: «Todo esto se siente como un recuerdo del pasado. Y hay confianza en que vamos a demostrar que no hubo cartelización”, expresaron.