Doble mérito

La política de viviendas se mantiene desde hace más de una década como uno de los puntos más fuertes de la gestión peronista en la provincia, tanto que cuando asumió Lucía Corpacci, allá en 2011, la problemática habitacional encabezaba todas las encuestas sobre las mayores preocupaciones de los catamarqueños, porque existía un déficit enorme en cuanto a la demanda y entrega de casas, y también un sistema plagado de irregularidades para la cesión de las viviendas, que llegaron a entregarse a medianoche y a escondidas para ocultar. Había familias que estaban décadas en lista de espera, casas que se entregaban en mal estado, y hasta se llegó a construir todo un barrio sobre terreno equivocado. Paulatinamente el sistema se fue ordenando, la lista de espera se transparentó y se abrió un registro público que puso fin a las sospechas, además de desplegarse una impresionante serie de obras que abarcaron desde pequeñas soluciones habitacionales y mejoramientos hasta viviendas rurales, casas sociales, programas de autocosntrucción y barrios enteros. Entre todas las obras, la abanderada será siempre el Complejo Habitacional Valle Chico, cuestionado y criticado cuando se hizo público el proyecto, pero luego convertido en una inapelable realidad. Con algún altibajo en el ritmo durante la gestión de Mauricio Macri, cuando los recursos nacionales para obras flaquearon  (o desaparecieron), la política habitacional se mantuvo con Raúl Jalil, y en estos casi tres lustros se llevaron soluciones a decenas de miles de familias catamarqueñas. Ahora se dio un paso más con la inclusión de sorteos públicos para seleccionar adjudicatarios, una modalidad que se estrenó ayer para el reparto de 250 casas en Capital. Pero el mérito es doble, si se considera que Javier Milei provocó la paralización de casi toda la obra pública en el país. El ministro Fidel Sáenz estimó que este año se habrán concluido 2.500 nuevas viviendas (casi 7 por día), y que ya hay otras 2.000 en construcción para el año próximo. Números notables y para celebrar, no sólo por el tema habitacional, sino por todo lo que moviliza la construcción en materia de empleo y venta de materiales.

Adiós Kueider

Mientras espera que se defina su suerte en el Congreso de la Nación, donde pidió “licencia” como senador, Edgardo Kueider fue expulsado por el Consejo Provincial del Partido Justicialista Distrito Entre Ríos. Con el exdirigente detenido en Paraguay, señalaron: “Desde este Consejo advertimos en su momento que la posición del senador frente al gobierno de Milei y, particularmente, su apoyo a una ley tan nociva a los intereses de la Nación, contradecía la doctrina, los valores y las máximas del peronismo. Ante esa situación, comenzaron a ingresar pedidos de expulsión de distintos Consejos Departamentales, Unidades Básicas y afiliados particulares, que fueron considerados en el histórico Congreso partidario realizado el 7 de septiembre de este año. Dicho congreso emitió el mandato de constituir una comisión encargada de definir la integración del Tribunal de Disciplina para analizar la sanción, según los establece nuestra Carta Orgánica. Sin embargo, los hechos recientes, por todos conocidos, modificaron el escenario y, no habiéndose constituido aún el Tribunal de Disciplina, este Consejo interpretó necesario, ante una situación excepcional como la presente y el reclamo masivo de las bases y órganos partidarios departamentales y locales, asumir transitoriamente las funciones propias del Tribunal de Disciplina y avocarse a las denuncias y causas disciplinarias, dirigidas al senador nacional. De esa manera se llegó a la resolución de expulsar a Edgardo Darío Kueider del Partido Justicialista de Entre Ríos por el incumplimiento de las obligaciones partidarias, por inconductas, indisciplinas y violación de principios y resoluciones de los organismos partidarios”, plantearon. A Kueider se le imputó la violación de las obligaciones previstas para los afiliados en la Carta Orgánica, “puntualmente el no cumplimiento de mandatos partidarios que indicaron el no acompañamiento a la ‘Ley de Bases’ al igual que la falta de disciplina partidaria al incumplir esta orden, del mismo modo que contradecir en forma grosera la plataforma electoral de Unión por la Patria acompañando la sanción de la denominada ‘Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ (Ley 27.742), dado que entendió el Consejo Provincial que la legislación impulsada por Milei expresa una contradicción absoluta con la doctrina y la ideología peronista plasmada en la plataforma electoral presentada ante la justicia electoral”, señalaron.

Silencio oficial

En el marco del artículo 106 del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados de la Nación, se llevó a cabo ayer una reunión informativa de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, presidida por Pablo Yedlin (UP), para debatir con especialistas invitados sobre el recorte de medicamentos que llevó a cabo el Gobierno a través del PAMI. Al encuentro, que tuvo lugar en la sala 7 del Anexo “A” estaban citados el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, y el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, pero ninguno de los dos se hizo presente. Yedlin explicó que ante la resolución que tomó el PAMI que “sorprendió a nuestros jubilados afiliados a esta obra social, que generó que los medicamentos que se cubrían al 100%, dejaran de cubrir para la mitad de los jubilados porque cobraban por arriba de 309,000 y para aquellos que cobraban por debajo de $309,000 pesos de haberes”. “También dejaron de cubrir porque los obligó a hacer una serie de trámites administrativos que, por supuesto, fueron imposibles de realizar en los tiempos que teníamos. Así que el 100% de los jubilados afiliados al PAMI de un día y para otro y sin avisar quedaron sin cobertura de medicamentos al 100% lo que generó que muchísimos jubilados y jubiladas afiliados argentina cuando se dirigieron a las farmacias y se les dijo que pagar un copago por los medicamentos que necesitaban optaron por no llevar el medicamento porque no tenían los recursos para llevarlo”, contó el titular de la comisión. La situación es muy grave, pero los funcionarios de Milei se niegan a dar explicaciones y a debatir y trabajar al Congreso Nacional para ver cómo se solucionan los problemas que tiene la gente.

El Esquiú.com