La Cámara de Apelaciones deberá resolver las oposiciones planteadas por los acusados contra la elevación a juicio de una causa por estafas en perjuicio de la OSEP iniciada a instancias del Círculo Médico en 2013. Más de un década separa a este expediente del impulsado por la obra social hace dos meses por prácticamente los mismos delitos: falsificación de órdenes y certificaciones para facturar por servicios no prestados.
No puede dejar de señalarse la posibilidad de que la prolongada mora judicial en resolver la situación de los galenos denunciados por el Círculo Médico haya funcionado como incentivo para que otros siguieran el ejemplo de las transgresiones, sensación que continuará operando vaya saberse hasta cuándo en caso de que la Cámara de Apelaciones resuelva una nueva suspensión del juicio.
Dilaciones judiciales tan extensas se arriman a la impunidad, si bien también corresponde consignar un detalle: a diferencia de lo que ocurre con la causa recién iniciada por OSEP, la identidad de los involucrados en la primera es conocida. Bien podrían ser inocentes objetos de calumnias a quienes el Poder Judicial, con sus alambicados mecanismos, les niega el beneficio de la absolución con el clásico agregado de dejar a salvo su buen nombre y honor.
Se dirá que, si tan interesados están en limpiar sus reputaciones, los acusados deberían ser los primeros interesados en que el juicio se lleva delante de una vez por todas en lugar de interponer recursos, pero hay que estar en el cuero de un reo. Capaz que no confían en la ecuanimidad de los jueces y teman ser colgados como carancho de alambrado menos para escarmiento que para advertencia de eventuales infractores.
En cualquier caso, el viernes se harán las audiencias de expresión de agravios y se conocerán los motivos de tanta reticencia.
La causa por las órdenes truchas fue elevada a juicio por el fiscal de Delitos Especiales contra la Administración, Facundo Barros Jorrat, en 2021. El expediente se había abierto en diciembre de 2013, cuando la comisión directiva del Círculo Médico denunció en Fiscalía General la existencia de una gran cantidad de órdenes irregulares que habían sido presentadas por un grupo de médicos para facturarlas a la OSEP.
Meses después fueron imputados catorce médicos por el delito de «fraude en perjuicio de la administración pública en concurso ideal, con uso de instrumento privado adulterado», pero posteriormente fueron desvinculadas dos personas por motivos que hablaban a las claras de las profundas lagunas que ya entonces tenía el circuito de fiscalización de la OSEP: una mujer muy humilde cuya identidad fue utilizada para hacerla pasar por médica recibida en Córdoba y un joven discapacitado, ambos oriundos de Santiago del Estero.
Los casos denunciados por la OSEP ahora se originaron en denuncias de afiliados que, al usar la aplicación digital lanzada el año pasado, no habían podido acceder a los servicios porque ya habían cubierto el cupo que les correspondía. El primer médico denunciado fue el intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez. Luego la obra social constató más anomalías, en base a las cuales conformó 21 denuncias en contra de médicos y sanatorios. Las irregularidades siguen apareciendo, por lo que no pueden descartarse nuevas denuncias penales.
Las causas OSEP I y II marcan la existencia de una estructura de saqueo montada en base a las fallas en el sistema de controles de la obra social. Aunque no puedan descartarse complicidades, el esquema parece haberse armado por iniciativas individuales más que por una organización deliberada. Cosa que, si bien se mira, es todavía peor y amerita una revisión a fondo para terminar con maniobras que provocan un perjuicio económico a la obra social difícil de calcular con exactitud pero seguramente enorme.
Por el lado de la Justicia, también parece necesario avanzar en reformas que restrinjan el margen para el abuso de recursos dilatorios que eternizan los procesos y sostienen la impunidad o el desprestigio de los encartados, según sea el caso.