La Fiscalía de Instrucción N°7 de Distrito Este, a cargo de Paola González Pinto, solicitó una serie de pericias cuyos resultados serán claves para avanzar en una eventual imputación de los responsables de la «Academia General José de San Martín, premilitar y de protección civil».
La investigación comenzó la semana pasada. Entre otra información, personal de la División Investigaciones aportó fotos de publicaciones en redes sociales a la Fiscalía, que de inmediato pidió medidas al Juzgado de Control de Garantías N°3.
De acuerdo con los primeros testimonios, la «academia» operaba en el departamento Valle Viejo, donde realizaba prácticas de tiro, impartiendo una supuesta instrucción militar a adultos y niños.
Según la información a la que pudo acceder El Ancasti, son investigados el policía sumariado por supuesta violencia de género y actualmente con funciones pasivas, Gustavo Raúl Carrizo, quien se presenta como director de la «Asociación Lazos de Vida», y director de la academia, sede Valle Viejo.
También son investigadas cuatro mujeres de apellido Leiva, a cargo de la oficina de administración; Rodríguez, instructora de búsqueda y rescate; Carrizo, instructora de primeros auxilios; y Yáñez, instructora de tiro deportivo; y un hombre de apellido Varela, instructor en orden cerrado (movimientos coordinados de los integrantes de un grupo, con disciplina militar).
En este contexto, el Juzgado de Control autorizó la realización de tres allanamientos en El Bañado, donde personal de Investigaciones y de la Unidad Judicial N°10 secuestraron legajos, diplomas, insignias militares con identificaciones y jerarquías, escudos de la presunta academia, una mira telescópica, armas accionadas con aire comprimido, celulares, tablets y pendrives, balines, uniformes militares y/o de uso policial, equipos de gimnasia con insignias de la academia, y vainas servidas de armas de fuego.
Pedido de informe
La diputada provincial por el Frente de Todos, Adriana Díaz (Partido Intransigente), advirtió ayer: «Esperamos conocer pronto los informes a la comunidad de los Ministerios de Educación, Seguridad, Desarrollo Social desde la Secretaría de Familia de quien depende el órgano de aplicación del sistema de protección de niñez. También de la Secretaría de Personería Jurídica, a fin de conocer si dicha organización cuenta o no con aval / autorización para funcionar, sea de orden municipal, provincial o nacional».
«Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al cuidado, la educación, la recreación y el desarrollo integral, aunque no son las “academias” y “asociaciones” premilitares/policiales quienes deban tener competencia en ello», agregó.
La diputada hizo hincapié en el Acta Compromiso por la Erradicación de las Policías y Gendarmerías Infantiles que «en octubre de 2010 se elaboró en Tucumán y fue firmada en el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia; la que suscribió Catamarca. Las policías infantiles fueron erradicadas por decreto junto con la gendarmería infantil en 2011. Luego, se firmó en 2012 un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, para la erradicación de esas agrupaciones».