Este año, la Corte de Justicia organizó un concurso para sumar agentes del Poder Legislativo y Ejecutivo a la Policía Judicial como una estrategia que planificó el Gobierno para responder a la demanda de personal que viene reclamando el Poder Judicial. La presidenta de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales, se refirió a la poca efectividad que tuvo la propuesta a tal punto que llegando a fin de año no se pudo incorporar a nadie a través de esa metodología. Luego del concurso que se realizó en junio, quedaron 41 personas seleccionadas, pero todavía no fueron incorporadas al Poder Judicial.
Mientras la Comisión de Hacienda de la Cámara baja producía el recorte de la propuesta que había elevado el Poder Judicial y que contemplaba la incorporación de 400 personas, Rosales y el fiscal general justificaban en el pedido. En ese marco, fueron consultados por el régimen de movilidad que estaba contemplado en el presupuesto de este año y que vuelva a aparecer para el próximo (Ver aparte). «Este año hicimos un concurso para los empleados del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo que estuvieron interesados en integrar el Poder Judicial. Se inscribió y se interesó mucha gente. El doctor (por el fiscal Alejandro Gober) fue personalmente a la Unidad Judicial para mostrarles de qué iba, cuál era el trabajo que hacíamos y en qué consistía. Ahí ya se nos fueron la mitad de los postulantes», comentó.
Como anécdota, Gober contó que le consultaban si había que ir a trabajar todos los días. «El resultado fue que del concurso quedaron tres personas del Senado, ocho personas de la Cámara de Diputados y 30 personas del Poder Ejecutivo. Todavía no nos han hecho el pase presupuestario que está a cargo de otros poderes. Hicimos el concurso para la tarea porque la verdad que nuestra necesidad es grande», dijo Rosales.
De inmediato, recordó el planteo que dejó en la Cámara de Diputados cuando fue a defender el presupuesto.
«Si ustedes nos preguntan a nosotros, al Poder Judicial y nos dicen, podríamos hacer un convenio para que pasen empleados del Poder Judicial al Poder Legislativo o al Poder Ejecutivo, nosotros les diríamos no, de ninguna manera porque a nosotros no nos sobra nadie», añadió.
«Nosotros no tenemos una sola persona de más que no la necesitemos imperiosamente o sea, por eso entonces el manejo de los recursos del Estado tiene que ser responsable y cada uno de los poderes del Estado tiene su autonomía y tiene su independencia y tiene que poder contratar a sus trabajadores. Con esto no quiero decir que no podamos hacerlo, de hecho lo hemos hecho y esto que les cuento ha sido el resultado pero también creo que hay que hacer esas aclaraciones», sentenció.
«Seguimos más o menos con los mismos recursos del año pasado. Si ustedes se acuerdan, el Poder judicial tenía 2.070 empleados, ahora tenemos 2.114 para todas las necesidades que hay. Es necesario dimensionar lo que se trabaja en toda la provincia de Catamarca, desde un Juzgado de Paz de Antofagasta de la Sierra hasta Recreo, los 365 días del año en lo que hace al Fuero de Familia y al Fuero Penal 24/7 todo el año. Ese es el personal que tenemos. Si ustedes lo comparan con el personal de los otros poderes del Estado, claramente tenemos una realidad que nos impide, muchas veces, llegar a donde nos gustaría llegar», dijo Rosales al ser consultada por los reclamos de celeridad de la Justicia en el interior.
En 2024, el Poder Judicial había llamado a concurso para cubrir 60 vacantes de la Policía Judicial.n
Características del programa
El proyecto de presupuesto 2025 vuelve a incluir en su articulado el Plan de Movilidad. En el artículo 39 contempla:
-El régimen de movilidad para los agentes públicos de planta permanente y no permanente, este último con una antigüedad mínima de dos (2) años:
1) Agentes pertenecientes al Poder Ejecutivo, excepto el personal docente, quienes podrán solicitar su movilidad hacia el Poder Judicial; y
2) agentes del Poder Legislativo quienes podrán solicitar su movilidad hacia el Poder Judicial o el Poder Ejecutivo, con excepción de la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCAT), la Caja de Créditos y Prestaciones de la Provincia y el Tribunal de Cuentas de Catamarca.
Las condiciones son:
a) Presentarse a concurso según lo establecido por el Poder Judicial y conforme el procedimiento reglamentado por el Poder Ejecutivo.
b) Prestar consentimiento expreso el solicitante.
c) Contar con la autorización de la autoridad máxima de cada poder, previo informe y visto bueno de los titulares de los organismos de origen y destino respectivamente.
d) El Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, según corresponda, garantizará como mínimo la remuneración de origen del agente bajo su dependencia presupuestaria, respetando el cómputo de los años de antigüedad del mismo.