La protesta del productor fiambalense Pedro Saleme por expropiaciones que no se le pagaron reforzó dudas sobre la conducta de los representantes del Estado en el marco de la política minera.
Saleme reclama por dos expropiaciones, pero la más sugerente es la iniciada por la Municipalidad de Fiambalá por el predio donde funciona la planta de la litífera Zijin-Liex, cercana a la ciudad. La otra es del Gobierno provincial, pero son tierras alejadas y de difícil acceso, que se recuperarían para la producción agrícola.
Los casos son diferentes, pues en uno la expropiación es para facilitar una actividad puramente extractiva, que cesará en cuanto el litio se agote, mientras que en el otro el objetivo sería promover producción sustentable y ampliar la frontera agrícola de la zona. El predio de Zijin, en las inmediaciones de Fiambalá, tiene valor muchísimo más alto que las otras lejanas extensiones, que recién se valorizarán cuando se hagan las inversiones correspondientes para hacerlas productivas.
El interrogante más inmediato que surge es sobre las razones que justificarían que la Municipalidad de Fiambalá se haga cargo del costo del predio de la litífera, o lo que es lo mismo: exima a la litífera de la inversión.
Saleme tiene derecho a quejarse por las demoras en pagarle, ya que con esta decisión política las autoridades municipales lo privaron a él de entrar en tratativas directamente con los empresarios, si no es que lo reemplazaron.
El productor contó que la Municipalidad de Fiambalá empezó la mensura para la expropiación en 2021, pero luego el trámite se paralizó.
“Ellos van y le dan la posesión a la empresa china sin tener escrituras, sin tener absolutamente nada. Han hecho las expropiaciones y han metido la empresa china a trabajar. Nunca nos consultaron como dueños. Ellos deberían primero abonarnos a nosotros como dueños, porque no puede ser que el Estado provincial te cobre los impuestos como dueño y no te reconoce como tal”, se quejó.
Saleme informó que ya interpuso los reclamos pertinentes ante Fiscalía de Estado y adelantó que recurrirá a la Justicia si no obtiene respuestas. No descartó interrumpir el tránsito a la planta de la minera en caso de que no se le reconozcan sus derechos como propietarios de las tierras, que heredó junto a seis hermanos.
Es decir: a raíz de un trámite de expropiación por lo menos desprolijo, a través del que el Estado municipal apartó a los propietarios privados del circuito de negociaciones, la actividad que desarrolla la litífera podría verse afectada.
Es una de las tantas inconsistencias que cada tanto emergen en la política minera, si bien menos grave que la patente otorgada a Livent en 2017 para ceder sus derechos sobre el Salar del Hombre Muerto sin necesidad de contar con la anuencia del Estado catamarqueño. Resulta llamativo, en una Provincia que se precia tan insistentemente de su política minera.
Por supuesto, ningún miembro de la gestión municipal que llevó adelante el procedimiento denunciado ha respondido, explicado o desmentido las aseveraciones de Saleme, como tampoco lo han hecho con emprendimientos que entregaron malogrados a sus sucesores como el frigorífico o la mostera.
Es otro motivo para que Saleme se sienta perjudicado, al margen de la opinión que pueda tenerse sobre si es correcto o no que el municipio compre tierras para donárselas a una litífera: varios de esos emprendimientos que la entonces intendenta Roxana Paulón promocionaba como hitos de gestión se financiaron con aportes de la agradecida litífera, que vaya a saberse si estaba enterada de los entuertos que había detrás del regalo del predio.
Es de imaginarse la desazón de Saleme al advertir que se destinaban millonadas a fondear aventuras cuyo fracaso era más que previsible, mientras a él le bicicleteaban los pagos.