El gobierno anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para eliminar los cupos de género establecidos en diversas instituciones y sectores. La propuesta busca redefinir la política de equidad, enfocándose en garantizar la igualdad de oportunidades sin recurrir a cuotas de representación específica por género.
Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la especialista en Política Social, María Orsénigo, quien explicó que, “lo que se ha expresado hasta ahora es solo una amenaza, ya que no se ha presentado ninguna ley concreta ni se han emitido decretos o resoluciones que modifiquen las reglas establecidas en la Constitución”.
Cuál fue el rol del Estado con respecto a la regla del cupo
Según la entrevistada, “lo dicho por el vocero, por lo tanto, es completamente contrario a lo que se ha trabajado durante todos estos años en términos de inclusión y derechos” y remarcó que una de las principales pruebas de esta contradicción es que, “el Estado argentino nunca ha cumplido con el mínimo cupo del 4% de personas con discapacidad en la función pública, tal como establece la ley”.
En ese sentido, Orsénigo sostuvo que hoy en día, ya no debería ser solo un cupo, “sino que deberíamos estar hablando de paridad en la inclusión” y “si lo que se busca es evaluar el grado de idoneidad de las personas, entonces los requisitos de ingreso deben ser los mismos para todos, independientemente de género, raza, orientación sexual o capacidad”.
Cuáles son las dificualtades que atraviesa el género en relación a la igualdad de condiciones
En continuidad con el tema, la entrevistada sostuvo que el problema principal está en las barreras estructurales que existen, tanto en la educación como en el ámbito laboral y para que las mujeres, por ejemplo, puedan competir en igualdad de condiciones, “es necesario democratizar la educación y permitir que las responsabilidades domésticas no les impidan desarrollarse profesionalmente”.
Por otra parte, Orsenigo mencionó que la misma situación ocurre con las personas con discapacidad, “quienes enfrentan enormes obstáculos para acceder al mercado laboral” porque “en Argentina, alrededor del 80% de las personas con discapacidad están desempleadas, y muchos ni siquiera buscan trabajo porque no creen que tendrán oportunidades”. Y destacó que esta situación “se debe a la falta de programas de capacitación adecuados en las instituciones gubernamentales y la ausencia de políticas que promuevan la inclusión efectiva en el ámbito laboral”.
Para finalizar, la entrevistada agregó: “Lo que se está planteando hoy es solo una amenaza, una meta vaga sin fundamentos concretos y mientras no se presenten leyes o normas claras, este tema seguirá siendo un asunto pendiente y no se resolverá de manera efectiva”.