El fiscal federal de Catamarca, Santos Reynoso, indicó que se está investigando la situación de All Service S.R.L. y la posible comisión de un delito de contaminación ambiental. En este sentido, dijo que pidió al juez federal que autorice una serie de medidas de prueba. A su vez, señaló que seguía de cerca el allanamiento que se realizó en la planta de Andalgalá por parte de la Justicia ordinaria. No descartó que el trámite continúe por carriles federales.
Como se informó, el jueves se efectuaron dos allanamientos en Andalgalá en el marco de la investigación por la actividad que se realizaba en la planta de residuos de la empresa en Huachaschi. Por un lado, se allanó la planta de la empresa All Service y por el otro, la Municipalidad. Las medidas fueron dispuestas por la Justicia provincial a raíz de una denuncia presentada por la concejala Analía Zamorano (FT) en la Fiscalía de Instrucción contra el intendente Eduardo Córdoba (UCR) y demás funcionarios que hubieran autorizado por acción o inacción a la empresa a desarrollar su actividad.
En diálogo con El Ancasti, el fiscal federal indicó que está interviniendo en la causa de oficio y ya solicitó una serie de medidas de prueba que incluyen allanamientos en la Capital. “Yo tomé conocimiento de esta situación y actué de oficio porque correspondía hacerlo, ya que no hubo denuncia alguna al respecto, dado que se había generado una investigación periodística”, dijo.
“En este marco, se tomaron medidas urgentes que se concretaron entre el martes y el miércoles. En estas medidas se le solicitó al juez federal que procediera al allanamiento y secuestro de toda la documentación y todo medio que resulte de interés para la causa. La pesquisa se hizo en un galpón ubicado en la avenida Acosta Villafañe”, añadió en alusión al depósito que se usa ahora para residuos peligrosos. En el allanamiento se secuestro documentación y registros fílmicos.
Indicó que “ese material que se secuestró va a ser peritado por personal de Gendarmería Nacional o en su defecto de la Policía Federal a los fines de determinar realmente cuál es la situación”. Según confirmó, hasta la fecha “no se conoce todavía cuáles y quiénes son los responsables directos, ni cuál era el protocolo que se venía adoptando con relación a estos residuos, que supuestamente son contaminantes si es que no se tomaron las precauciones del caso”.
En cuanto al procedimiento en Andalgalá que fue autorizado por el juez de control de Garantías, Martín Maturano y solicitado por el fiscal de instrucción, Martín Camps, Reynoso señaló que aún no tienen información de qué es la documentación que se obtuvo. “Tomé conocimiento del proceso porque el fiscal se contactó con el secretario de la Fiscalía Federal a mi cargo, donde le informaba que había llevado a cabo algunas medidas al respecto y que en algún momento podría declararse sin competencia y remitir todas las actuaciones a la Justicia federal”, relató el funcionario judicial.
“Ese es otro tema que también se tendrá que evaluar y determinar en su momento, si verdaderamente nosotros (por la Justicia federal) resultamos competentes o no para seguir con la investigación. Hasta ahora, la documentación del allanamiento la tiene la Justicia de Andalgalá”, explicó.
«No llegó ningún oficio»
Finalmente, el fiscal federal se refirió al pedido que le hizo su par de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, aclarando que su colega no tiene facultades para pedirle nada. “Yo no recibí absolutamente nada hasta el día de la fecha. Tomé conocimiento a través de una entrevista que le realizaron en un medio radial al fiscal de Tucumán, donde hacía referencia que me había enviado actuaciones. Él no tiene facultad alguna para solicitarme, ni mucho menos ordenarme que yo haga una investigación o deje de hacerla. El único que tiene facultad de darme instrucciones a mí y a todos los fiscales del país federales del país, es el señor Procurador General de la Nación”, sostuvo.
“No sé si verdaderamente él mandó las actuaciones que dice que me envió, pero hasta la fecha no me llegó nada”, cerró.
Como se informó, el lunes, el fiscal federal de Tucumán, Gustavo Gómez, se dirigió a Reynoso y le informó que recibió las repercusiones del caso en medios de comunicación locales y pidió que investigue.