Pasaron casi 36 meses desde que se inició la causa contra Adhemar Bacchiani y sus laderos, entre ellos sus dos exparejas y socias Sofía Beatriz Piña y Zaraive Celeste Garcés Rusa, y las gerentas a cargo de las dos sucursales de Tucumán y Córdoba, Sofía Esther Aylán y Aldana Valeria Donato, respectivamente.
A un mes de iniciar la feria judicial, las querellas comenzaron a presionar a la Justicia Federal para que agilice la investigación y la causa sea elevada a juicio oral y público, teniendo en cuenta que en abril de 2025 todos los detenidos con prisión preventiva podrán ser liberados, porque vencerá la prórroga por un año dispuesta en mayo de 2024.
En este contexto, el abogado querellante Bruno Jerez pidió al juez Federal Miguel Ángel Contreras que en forma urgente se investigue los gastos que realizan Piña, Garcés Rusa, Donato y Aylán, advirtiendo que ascenderían a sumas superiores a las que percibirían como mensualidades o sueldos.
Además, solicitó al juez que dé cumplimiento a la sentencia del 13 de septiembre de 2024, emitida por la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán.
El Tribunal de Alzada dispuso entonces que Contreras “deberá indicar en relación a cuáles ilícitos dispuso la falta de mérito de los imputados” Héctor Rodolfo Sagripanti Orellana, Pablo Antonio Sosa, María Lihue Banegas, Lucas Bernardo Barrera Oro, Cesar Augusto Agüero Berrondo y Justa Ramona del Valle Figueroa.
“Para seguir impulsando la causa y arribar a la clausura de la instrucción, con el objetivo de llegar lo más rápido posible a la elevación a juicio, solicito que proceda a dar cumplimiento con lo establecido por el Tribunal de Alzada”, reclamó Jerez.
También pidió medidas “para efectivizar cautelares ordenadas y sin cumplirse adecuadamente”, apuntando a lo dispuesto en una sentencia del 6 de octubre de 2023, asegurando que “corresponde la urgente adopción de medidas que tiendan a suministrar información sobre la composición y movimientos patrimoniales (de los encausados), y efectivizar medidas cautelares que están sin operativizarse”.
Efectivamente, en esta sentencia -que luego fue confirmada por la Cámara de Tucumán-, se ordenó trabar embargo sobre los bienes de los procesados, entre ellos, Garcés Rusa, José Armando Blas y Franco Alexis Sarroca por $400 millones cada uno; Iván Gonzalo Segovia, Lucas Esteban Retamozo, Donato, Piña y Aylán, por $250 millones cada uno.
Para Jerez, la investigación y el resguardo de esos patrimonios “no fueron homogéneos, lo que lleva a la forzosa conclusión de que existieron tratamientos disímiles -por no decir laxos-, lo que favoreció a otros que aún siguen ocultos bajo el radar investigativo. El no avanzar con las diligencias referidas conllevó a que, en muchos casos, las medidas cautelares ordenadas quedaran en absoluta letra muerta, o que ni siquiera logren cubrir los montos fijados, mientras que los imputados siguen llevando una vida despreocupada, lejos del accionar efectivo de la Justicia”.
“Vida despreocupada”
En cuanto al embargo de Piña, el abogado informó que no se realizaron actuaciones concretas y con efectividad, porque “poco y nada se hizo para identificar su patrimonio y cumplir las medidas cautelares”.
Por otra parte, dijo que públicamente la mujer exhibe un “nivel y estilo lujoso de vida que ostenta en las redes sociales (…), que en modo alguno guardaría coherencia con los ingresos que aduciría obtener de su profesión o condición de empleada pública, lo que conllevaría a sospechar que tiene la disponibilidad de otras fuentes de dinero no declaradas ni investigadas”.
Además, brindó detalles de su concurrencia en los últimos meses a fiestas electrónicas cuyas entradas cuestan más de $100 mil, la utilización de prendas de vestir de “Armani y Versace”, siendo que “en esta causa siempre hizo alarde y lloró carencias económicas, que a la postre de las evidencias, no serían tales”.
Señaló que se moviliza en auto y sería propietaria de al menos tres inmuebles.
“Tampoco existen informes ni averiguación encomendada a la U.I.F., Gendarmería Nacional, ni nadie respecto de la composición y estado patrimonial de la encartada, como sí se hizo con los restantes imputados (Bacchiani, Blas, Sarroca, Olmi, etc.), lo cual resulta preocupantemente extraño. No se hizo prácticamente nada con esta imputada», criticó Jerez, apuntando también al Ministerio Público Fiscal.
Entre otras medidas, pidió que se investiguen sus ingresos como empleada del Concejo Deliberante de la Capital entre 2021 y 2024, y que sobre esas cuentas se le embargue, retenga y descuente 20% de los haberes que perciba.
Además, solicitó que se investigue cuántas veces viajó en avión entre 2023 y 2024.
Para Garcés Rusa, pidió entre otras cosas que se realice un embargo preventivo de 30% mediante intervención de caja o embargo de las cuentas bancarias sobre los ingresos a través de la explotación comercial de su local de estética y que se ejecute la orden de secuestro emitida en abril de 2024 de un automotor BMW-X5 que le perteneció.
En cuanto a Donato, solicitó medidas similares a las pretendidas con Piña y que se le embargue 20% de los sueldos que pudiera percibir en las cámaras de Diputados y Senadores de la Nación.
Finalmente, para Aylán pidió que se investigue su patrimonio inmobiliario en CABA y en Tucumán.