Ideada para facilitar los trámites de los usuarios y descomprimir una burocracia colapsada, la aplicación digital de la Obra Social de los Empleados Públicos (OSEP) tuvo una consecuencia inesperada: puso al descubierto una estructura de saqueo basada en facturarle a la entidad por servicios no prestados. Habilitados para gestionar sus órdenes personalmente y sin intervención profesionales médicos, varios usuarios fracasaron porque la aplicación les informaba que habían llegado al tope mensual. Hicieron los reclamos y comenzó un minué que no tardó en escalar a tarantela.
Aunque resultaría arduo demostrar que existía algún tipo de coordinación entre los transgresores, en cuyo caso correspondería la tipificación de asociación ilícita, no es una exageración hablar de estructura.
A partir del caso del intendente de La Puerta, Osvaldo Gómez, las indagaciones administrativas se ramificaron y OSEP consiguió reunir elementos suficientes para formular 21 denuncias penales por fraude contra nosocomios y profesionales médicos cuyas identidades se mantienen en hermético secreto. Privilegios del prestigio profesional: los datos filiatorios de cualquier visitante de gallineros se revelan a la opinión pública sin inconvenientes.
En cualquier caso, lo que tiene en sus manos el fiscal Facundo Barros Jorrat es una megacausa de proyecciones escandalosas, no sólo por el lugar que los involucrados ocupan en la escala social, sino también por el impacto económico y financiero que sus maniobras tuvieron sobre una obra social que viene incrementando el precio de sus prestaciones al ritmo de la inflación, presionada por los prestadores.
La actitud de la corporación médica es muy cautelosa. La única voz que intentó alguna explicación fue el intendente Gómez, disparador del expediente judicial. Podría considerarse insólita, si no fuera porque insinúa la naturalización de prácticas ilícitas.
“Anterior a este nuevo sistema de OSEP para convalidar las órdenes, existía y sigue existiendo mucho préstamo de órdenes. Como médico atiendo en el consultorio, tengo uno en La Puerta y otro en Los Varela, tengo una secretaria en cada uno, y ellas reciben las órdenes. A lo mejor es la orden de un hermano, de un primo y bueno, uno los atiende”, dijo.
Lamentó los inconvenientes que le genera esta situación, porque “después esta gente no se acuerda o malintencionadamente dice que nunca te dio una orden”.
“OSEP ya estuvo en La Puerta, hizo las averiguaciones y yo lo voy aclarar las veces que sean necesarias. Esto ocurre en todas las provincias. ¿Quién alguna vez no ha prestado un carnet para un pariente, un amigo o alguien cercano que lo necesitara?”, se preguntó.
Eso: ¿quién no incurrió en esta nimiedad? Parece en principio insignificante, pero la acumulación puede llegar a representar millones en prestaciones a gente que no está afiliada y por lo tanto no aporta.
Gómez, único identificado de las 21 denuncias, aseguró: “Hay familiares de esta gente que recuerdan haber usado el carnet prestado”.
El intendente no se privó de un argumento clásico e inscribió su infortunio en una conjura política. Recordó en tal sentido que el escándalo estalló “justo cuando tuvimos problemas con un funcionario al que le rescindimos el vínculo”.
“La oposición aprovechó el movimiento”, cuestionó.
Es de lamentar la ineficacia de los enemigos de Gómez, que no han conseguido la conmoción que supuestamente buscaban al desacreditarlo. Parece más bien que hay una generalizada intención de encapsular el tema, apostando a que se diluya con el mero paso del tiempo.
El Colegio y el Círculo Médico deberían ser los más interesados en que la Justicia esclarezca los casos lo más rápido posible e individualice a los transgresores, para no quedar en el mismo lodo, todos manoseados.