lunes, 25 de noviembre de 2024 19:20
Cinco organizaciones de la sociedad civil de Argentina solicitaron una audiencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (Cidh-OEA) que se realizó el 14 de noviembre pasado y en la cual expusieron sobre la regresión en políticas de género del país, también en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales.
Estas organizaciones son Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación Mujeres x Mujeres y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps).
Durante la audiencia, las y los comisionados de la Cidh solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género.
Las organizaciones por medio de un comunicado señalaron que “el Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional”.
En la misma línea del reclamo, mientras tanto en las Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), Argentina fue el único país en votar en contra de la prevención de la violencia contra mujeres y niñas, frente a 170 votos a favor y 13 abstenciones.
Las organizaciones de la sociedad civil instaron a la Cidh a recomendar al Estado argentino la adopción de políticas concretas que garanticen el cumplimiento de sus compromisos internacionales y aseguren el derecho de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ a vivir libres de violencia y a garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva.
Asimismo comentaron que “esta audiencia fue un llamado urgente a la acción: nuestro país debe detener el desmantelamiento de políticas fundamentales y retomar su compromiso con los derechos humanos, para que los derechos básicos de sus ciudadanos y ciudadanas no dependan de decisiones políticas regresivas”.
También las organizaciones dieron cuenta de que las políticas que fueron dadas de baja y las que sufrieron grandes recortes. “Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, el actual gobierno argentino ha atacado sistemáticamente los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+. Desmanteló políticas públicas exitosas; desprestigió, sin evidencias, las instituciones encargadas de garantizarlas; recortó de manera arbitraria las partidas presupuestarias y redujo el personal que sostenía la implementación de las políticas públicas mediante despidos masivos. Con estas acciones, el Estado incumple pactos y tratados internacionales vigentes”, armó Natalia Gherardi, directora Ejecutiva de ELA.
En el discurso, citaron que sólo en el primer trimestre de 2024, de las 2.462 mujeres que solicitaron el Programa Acompañar, apenas 434 recibieron ayuda. “Esto representa un retroceso del 98% respecto a 2023, dejando desprotegidas a mujeres en riesgo extremo. Además, el presupuesto ejecutado para estos programas en 2024 alcanza solo un 15%, afectando de manera directa y crítica a mujeres y diversidades que enfrentan situaciones de violencia”, indicaron.
En relación al desmantelamiento de las políticas públicas para el acceso a derechos sexuales y reproductivos, Lucila Galkin, directora de Género de Amnistía Internacional Argentina, afirmó que “la compra y distribución de insumos ha estado en cabeza del Estado Nacional desde la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002, y por mandato constitucional el Ministerio de Salud de la Nación tiene la rectoría de la política pública para dar un piso mínimo de derechos en todo el territorio nacional.
“Sin embargo, repentinamente y por primera vez desde entonces, el Estado dejó librada a la capacidad de las provincias la provisión de insumos, sin ningún tipo de traspaso o transición a efectos de evitar poner en riesgo la vida y la salud de las mujeres, lo que deviene en un contexto de absoluta desigualdad”, agregó.
En discurso dado en la audiencia se puso en evidencia que el desmantelamiento de políticas públicas contradice principios internacionales fundamentales y tratados como la Convención de Belém do Pará y la Cedaw, que obligan al Estado a intervenir activamente.
“Estas medidas no solo ponen en riesgo la vida de mujeres, niñas, adolescentes y diversidades, sino que perpetúan la discriminación estructural por razones de género y vulneran los compromisos internacionales asumidos por el Estado argentino en la materia”, afirmó Mayca Balaguer, de Fundeps
Las organizaciones también hicieron hincapié en que lo que sucede en Argentina tiene un impacto más allá de sus fronteras. “La desprotección de mujeres y diversidades en el país crea un precedente que podría legitimar retrocesos en otros estados de América latina, poniendo en riesgo los avances en derechos humanos que costaron esfuerzo alcanzar”.
La CIDH advirtió en reiteradas oportunidades que los retrocesos en un país afectan a toda la región, debilitando los esfuerzos conjuntos para prevenir y erradicar la violencia de género. Las Organizaciones solicitaron que la Comisión lleve adelante una visita al país para observar la situación y elaborar un informe, dada la gravedad del retroceso.