domingo, 24 de noviembre de 2024 10:20
Se conoció que la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que depende del Ministerio de Economía, dio de baja tres asociaciones de consumidores luego de ser intimidas para presentar documentaciones y no haberlo hecho en el plazo vigente. La medida se tomó mediante las Disposiciones 539, 640 y 641 publicada este jueves en el Boletín Oficial.
De esta manera, se dio de baja del Registro Nacional de Asociaciones de Consumidores a: «Consumidores Argentinos Asociación para la Defensa, Educación e Información del Consumidor», la «Asociación de Defensa del Consumidor de Santiago Del Estero – ADECSE» y «Justicia Colectiva Asociación Civil».
Por medio de los documentos publicados en el Boletín Oficial, se trataba de una operatoria de fiscalización de las asociaciones de consumidores para verificar el cumplimiento de la normativa. A cada una, se le pidió el Informe de Gestión Anual que es obligatorio. Por eso, se intimó a las tres asociaciones otorgándole el plazo de cinco días hábiles desde la notificación para dar cumplimiento con la presentación del Informe y documentación complementaria correspondiente a 2023, bajo apercibimiento de proceder a su remoción del Registro Nacional de Asociación de Consumidores. Al no recibir esa información, se procedió a la baja.
Asimismo el Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo, quien dispuso el martes pasado la derogación de una serie de normas vinculadas al comercio «que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria».
Se fundamento esta decisión con que las normas derogadas estaban «sin uso en la actualidad que, al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido».
Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados. También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
Al respecto, recordaron que «entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por US$5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales», mientras que «en la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros».