En el marco de las tratativas entre el Gobierno y la Corte de Justicia por el Presupuesto del Poder Judicial, se presentó en la Cámara de Senadores un proyecto para derogar dos artículos de la ley que creó en 2015 el fuero de Violencia de Género y crear un Juzgado de Familia más.
Se trata en última instancia de una adaptación legislativa a los hechos: la propuesta eliminaría el fuero específico de Género y asignaría sus competencias al de Familia, que es lo que ocurre en la práctica.
Actualmente hay tres juzgados de Familia con una secretaría de Género cada uno. Con la ley pasarían a ser cuatro, con el mismo diseño.
En 2021 se realizaron y concluyeron concursos para varios de los puestos contemplados en el fuero de violencia de género, pero el único que se cubrió fue la Fiscalía que está a cargo de Alejandra Antonino.
Los loables objetivos de la ley sancionada en 2015, que respondía a una demanda social muy intensa, chocaron con el escollo habitual de la falta de recursos.
El Poder Judicial incluyó sistemáticamente desde entonces la creación del fuero en sus presupuestos para que la misma Legislatura que lo había creado dejara las partidas necesarias para financiarlos afuera.
Esta mecánica se naturalizó sin excesivas polémicas. No se recuerdan debates parlamentarios por la falta de financiamiento del Fuero de Género, aunque sí los hubo por la temática, con legisladores tirándose por la cabeza imputaciones de machirulismo y falta de sensibilidad que dieron toda la vuelta hasta que ingresó en la Cámara de Diputados un dirigente que condena abierta y agresivamente las políticas de género como es el libertario Adrián Brizuela.
Es un caso concreto de distancia entre las palabras y los hechos.
Para gran parte de la comunidad política era suficiente con el acto institucional declamativo de crear el fuero para satisfacer la demanda social. Materializarlo ya era otro cantar, pues demandaba inversiones multimillonarias en personal e infraestructura que de algún lado tenían que salir. El detalle no fue contemplado al momento de sancionar la ley y tampoco después. Los motivos de esta omisión pueden ser muchos, pero hay uno principal: nadie estuvo dispuesto a resignar recursos para fondear el sistema. No lo estuvo el Poder Ejecutivo, que alumbró numerosos enclaves administrativos para atender el problema, pero tampoco el Legislativo y mucho menos el Judicial.
De este modo, el fuero específico de Género quedó en el limbo de lo platónico, aunque la estructura judicial generó las secretarías dentro de los Juzgados de Familia y las unidades de la Policía Judicial para atender el problema.
El proyecto presentado en el Senado por el capitalino Ramón Figueroa Castellanos y el andalgalense Horacio Gutiérrez cuenta con el respaldo del Gobierno y abre una discusión pertinente frente a una realidad concreta: a nueve años de su creación, el fuero de Género no existe.
Lo que sí existe es una Fiscalía y tres secretarías, que si la ley se aprueba se extenderían a cuatro. Tal vez resulte más fructífero trabajar en perfeccionar lo que existe en lugar de seguir aguardando el advenimiento del fuero específico, sobre todo teniendo en cuenta el clima de época: el diputado libertario Adrián Brizuela expresa a sectores que consideran a la violencia de género como un invento del feminismo.
El debate engrana además en un contexto en el que, más allá de los avances en general registrados a partir de la visibilización de la problemática de género, emergen cada tanto casos que dan la pauta de severas deficiencias del sistema, sobre todo en el interior de la provincia.
En junio de este año, para no ir tan lejos, el femicidio de Milagros Vázquez a manos de su padrastro y pareja Juan Carlos Aguilar, perpetrado en el paraje lapaceño de La Suerte, descubrió una trama siniestra de violencia y abusos de la que había registros institucionales al menos desde 2016. En los papeles, el fuero de Violencia de Género ya existía.