El proyecto de ley de Presupuesto 2025 que presentó el Gobierno el último martes contempla un total de gastos superior a los $2 billones, lo que significará una suba del 106% respecto del que está vigente este año; y además, la Legislatura tendrá un presupuesto de 58.160 millones pesos, lo que implicará una del 77%. En este contexto, la Corte de Justicia tiene previstos, según el proyecto, gastos por 150.800 millones de pesos, lo que a priori es una cifra que alcanza un 214% de aumento con relación al presupuesto vigente este año. Es muy probable que esa cifra sea ajustada, ya que se envió a la Legislatura tal cual lo tenía previsto la Justicia, pero el Ejecutivo buscará negociar para que el incremento se acerque a las pautas generales.
En efecto, el artículo nº35 del Presupuesto de la Provincia señala que se fijarán en $150.838.119.316 las partidas para el Poder Judicial durante el ejercicio 2025. Se trata de más del triple que lo estimado para este año, en el que se aprobaron gastos y recursos por 47.979 millones de pesos, después de una larga pelea por fondos y reclamos de los empleados judiciales. Además, las planillas de cargos en el Poder Judicial contemplan que habrá en 2025 unos 2.586 cargos de planta permanente, lo que implica 167 cargos más que los que hubo este año, cuando la cifra quedó en 2.419.
Según pudo conocer El Ancasti, la discusión vuelve a asentarse sobre el histórico reclamo de la Justicia respecto de la necesidad de mayor cantidad de personal para poder brindar un mejor servicio de justicia y la incorporación de nuevos fueros que fueron creados y que hasta el momento no funcionan en la práctica, como el de Violencia de Género. Sin embargo, ahora se abrió una ventana de negociaciones con el Ejecutivo para tratar de reducir esta cifra y adaptarlas a las pautas macroeconómicas generales a las que adhirieron tanto en el Ejecutivo como en la Legislatura.
Esta situación desató un fuerte conflicto institucional el año pasado, que en el Gobierno confían que podrán evitar este año en base a diálogo y consensos.
A propósito de esto, el ministro de Gobierno, Fernando Ávila, explicó en declaraciones periodísticas que el Ejecutivo propondrá una modificación de los juzgados existentes para incluir la Violencia de Género, sin incrementar en una medida tan grande el recurso humano.
“Hoy tenemos tres Juzgados de Familia. Estamos proponiendo que los Juzgados de Familia pasen a ser de Familia y Violencia de Género y sumar un cuarto juzgado. Si esta ley se aprueba, tendríamos cuatro Juzgados de Familia y Violencia de Género, en lugar de tres de Familia y uno de Género. Estamos pensando en el diseño estructural, en el recurso económico disponible y las prioridades. Creemos que rediseñar el sistema es más eficiente que crear más estructura”, sintetizó.
Estas declaraciones las realizó al concluir la reunión que mantuvo en el Senado junto con legisladores y miembros de la Corte de Justicia, en relación con el tratamiento de proyectos de ley orientados a «modernizar, fortalecer el sistema judicial y mejorar el servicio de Justicia de la provincia de Catamarca».
Entre las iniciativas se destacan la derogación de la Ley provincial de creación de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y comercial, familia, laboral y penal de cuarta nominación con asiento en la Ciudad de Belén; así como la mencionada modificación de creación de los Juzgados de Familia cambiando su denominación por la de «Juzgados de Familia y Violencia Familiar y de Género» y la creación de un cuarto Juzgado de primera instancia de Familia y de Violencia Familiar y de Géneros; además de la creación de la Defensoría Oficial en lo penal de víctimas.
Además de Ávila, estuvieron el asesor general de Gobierno, Nicolás Rosales; los ministros de la Corte de Justicia, Fernanda Rosales Andreotti y Miguel Figueroa Vicario; y los senadores Guillermo Ferreyra, Antonio Camposano, Augusto Ojeda, Norma Reales, Félix Jerez, Andrea Lobo, Ramón Figueroa Castellanos, José Alaniz Andrada, Soledad Blas y Noemí Casas.
Prórroga para el análisis
Ayer la Cámara de Diputados aprobó un decreto que extendió el período de sesiones ordinarias (que iban a terminar el 30 de noviembre) hasta el 19 de diciembre, para que el cuerpo funcione con normalidad para poder tratar los Presupuestos de los tres poderes y la Ley Impositiva 2025. El pedido se aprobó por unanimidad.n