En el marco de la polémica por la venta de sus derechos en la Puna por parte de Livent a Rio Tinto sin que la Provincia perciba un porcentaje de la transacción, el diputado y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) en la provincia, Alfredo Marchioli, planteó que la Provincia podría oponerse a la venta hasta tanto la firma estadounidense pague lo que le debe al Estado catamarqueño. En este marco, exigió la realización de «auditorías exhaustivas» antes de autorizar cualquier transferencia.
«Exigimos, antes de autorizar la venta, auditorías impositiva, ambiental, económica y social. No se puede avanzar sin garantizar que la Provincia reciba lo que le corresponde y que se respeten nuestras leyes, los contratos, la recaudación, los beneficios económicos comprometidos y la sostenibilidad ambiental», consideró el legislador, quien agregó que «la Provincia tiene la competencia de autorizar la transacción y cesión de derechos mineros».
En este marco, consideró que, «preventivamente, la Provincia no debe autorizar la transferencia hasta que FMC (luego Livent y luego Arcadium al fusionarse con Allken) cancele su deuda con Catamarca por la subfacturación del litio, los compromisos incumplidos derivados de la modificación del contrato y obtenga el certificado de calidad ambiental tras remediar el pasivo ambiental generado en la vega del río Trapiche».
El presidente de la UCR también señaló como responsables directos de esta situación al gobernador Raúl Jalil, al ministro de Minería, Marcelo Murúa, a la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, y al director de ARCAT, Pedro Monferrán, acusándolos de “haber omitido las inspecciones y acciones previstas en el Código Tributario”.
Según Marchioli, «los delitos fiscales cometidos por Livent son condenables» y, por lo tanto, exigió la apertura de una auditoría de la ARCAT para determinar la deuda con la Provincia, «incluyendo multas e intereses correspondientes».
Además, planteó la necesidad de concretar una auditoría ambiental integral del sitio, con la verificación del cumplimiento de los objetivos de responsabilidad social empresarial y “la correcta administración de los recursos económicos destinados a estos programas, la contratación de mano de obra, capacitación en habilidades laborales, mejora en la empleabilidad, entre otros”.
Entre las exigencias del legislador, también figura la revocación de los permisos de captación de agua subterránea en la cuenca del río Los Patos, «otorgados de manera precaria, hasta que Livent cumpla con todas sus obligaciones». En este marco y según Marchioli, «la modificación del contrato solo se logró por la incompetencia y corrupción de los funcionarios públicos».
Por otra parte, exhortó a la cartera minera a llevar a cabo una auditoría ambiental integral antes de autorizar cualquier transacción entre las empresas litíferas. «Exigimos realizar una auditoría ambiental de todo el sitio y verificar el cumplimiento de los objetivos del programa de responsabilidad social empresaria, así como la correcta administración de los recursos económicos destinados a este propósito», declaró.
Finalmente y en cuanto al uso de recursos hídricos, añadió: «Es fundamental revocar los permisos de captación de agua subterránea en la cuenca del río Los Patos, otorgados de manera precaria, hasta que la empresa cumpla con todas sus obligaciones y compromisos con la provincia».
Cuando saltó la polémica en torno a la venta millonaria de Livent a Rio Tinto, Marchioli afirmó que la empresa lucró con los recursos de la Provincia al quedar ésta fuera del acuerdo entre las empresas. En esa línea, señaló que este perjuicio a las arcas catamarqueñas fue advertido por el Colegio de Geólogos de Catamarca en 2017, cuando se renovó el contrato entre Livent (FMC en ese momento) y el Ejecutivo provincial por la explotación del proyecto Fenix en el Salar del Hombre Muerto. En efecto, cuando la Legislatura debatía el nuevo acuerdo entre la Provincia y la empresa en diciembre de 2017, el Colegio de Geólogos consideró que no era conveniente precisamente porque la Provincia desistía «de la potestad de transferencia de este recurso estratégico y de las atribuciones reguladoras del Estado provincial” y contemplaba “beneficios económicos poco justos en calidad de socios del proyecto”.