lunes, 18 de noviembre de 2024 17:40
La cartera del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello, por medio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), finalizó una extensa auditoría sobre las cooperativas y mutuales. El relevamiento arrojó datos “sorprendentes”, según el adjetivo utilizado por un integrante de la Casa Rosada. Derivando en el retiro de la autorización para funcionar a 8.588 cooperativas y 673 mutuales.
También se encuentran en proceso de suspensión operativa y sumarios otras 7.887 cooperativas y 418 mutuales. Estas organizaciones no solo deben presentar la documentación requerida, como los registros de asambleas, cambios de autoridades y rendición de cuentas de los subsidios que recibieron por parte del Estado durante la gestión de Alberto Fernández, sino que también corren el riesgo de perder definitivamente su autorización.
Las cooperativas y organizaciones civiles, durante este período, recibieron de la administración Fernández $29.966.430.7266.000 de pesos. De ese total, $18.391.880.742 fueron otorgados a través de la Secretaría de Economía Popular, que conducía Emilio Pérsico, el líder del Movimiento Evita. Los $11.574.549.984 del INAES. Las principales beneficiarias fueron cooperativas y entidades civiles vinculadas a organizaciones sociales como el Movimiento Evita, el MTE, la CCC y Barrios de Pie.
Cada una de estas organizaciones tenía dirigentes que ocupaban cargos clave en el ex Ministerio de Desarrollo Social, el cual era responsable de derivar esos fondos a las entidades ligadas al kirchnerismo a través de tres programas: Potenciar Trabajo, urbanización de barrios y Alimentar. Solo ocho cooperativas, asociaciones y una federación de cooperativas de trabajo vinculadas a los movimientos que forman parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), de extracción peronista, recibieron alrededor de $5 mil millones.
Las más beneficiadas con subsidios del Estado son:
La Federación de Cooperativas de Reciclado Limitada (1,2 mil millones de pesos) y la Asociación Civil el Amanecer de los Cartoneros (1,2 mil millones de pesos). Ambas forman parte del MTE y la CETEP referenciadas en Juan Grabois.
La Federación de Cooperativas de Trabajo Evita Limitada. Forma parte del Movimiento Evita. Emilio Pérsico, su líder, fue el secretario de Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social. Desde allí administraba el Potenciar Trabajo y firmaba parte de los convenios y subsidios que recibían los movimientos sociales, incluido el Evita.
La Cooperativa de Trabajo el Fortín de Encarnación Limitada recibió subsidios por $651.824.359. Pertenece a la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Su líder es el ex diputado Juan Carlos Alderete quien formaba parte del bloque del Frente de Todos. De esa misma organización social forma parte la Federación de Cooperativas de Trabajo “René Salamanca-C.C.C Limitada”. Esta última recibió subsidios por $468.436.432.
La Asociación Civil SER.CU.PO recibió giros por $639.245.356. Cumple el rol de unidad ejecutora de planes como el Potenciar Trabajo y está vinculada al Movimiento Evita.
Somos Barrios de Pie, a través de la Asociación Civil Caminos de Tiza, recibió $305.277.990. El coordinador nacional de esa organización es Daniel Menéndez, actual funcionario del gobernador Axel Kicillof y ex subsecretario del ex ministerio de Desarrollo Social.
La auditoría del INAES, a cargo de Marcelo Collomb, detectó un “sorprendente crecimiento del 139% en el padrón de cooperativas en apenas cuatro años”, un hecho que puso en alerta al instituto. La cantidad de cooperativas registradas pasó de 9.978 en 2019 a 23.836 en 2023. A simple vista, esto parecía un signo positivo. Sin embargo, la magnitud de este aumento —dominado casi por completo por cooperativas de trabajo, que representaron el 97% del crecimiento— desató una serie de investigaciones que revelaron un laberinto de irregularidades.
El INAES se encontró con una situación que calificó de “preocupante”: 10.480 cooperativas habían sido suspendidas desde 2019 sin que se hubiera iniciado el sumario correspondiente para investigar sus casos. Por eso se denunció que “la inacción de gestiones anteriores dejó al descubierto un padrón inflado y, en gran medida, descontrolado”. Esto, sumado a un análisis preliminar que mostró un grave incumplimiento en la presentación de documentación anual ordinaria, como asambleas y balances contables, evidenció “la necesidad urgente de un plan de acción”.
El 27 de marzo de 2024, en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que el gobierno suspendería la operatoria de todas las cooperativas creadas entre 2020 y 2022, lo que afectaría a más de 11.000 entidades. Detalló que la medida “se tomó tras detectar múltiples irregularidades, como la falta de presentación de balances y asambleas, y la repetición de asociados y domicilios entre las cooperativas”. La cifra se vuelve aún más relevante si se considera que, sumando las cooperativas ya suspendidas y las que están “en proceso de suspensión y sumarios”, se alcanza un total de 16.473.