La intervención del ministro de Minería Marcelo Murúa en la polémica por la cesión de los derechos que la Provincia tenía sobre los yacimientos de litio que Livent explotaba en la puna catamarqueña fue esclarecedora. Al escaparse por las tangentes e intentar involucrar a la oposición en el enjuague, confirmó que no existe una explicación sensata, o confesable, que justifique la canonjía otorgada en 2017, gracias a la cual la litífera norteamericana se expandió y concretó siete años después, tras asociarse con la australiana Allkem y conformar el gigante Arcadium, una venta de 6.700 millones de dólares en efectivo a Rio Tinto.
Los cambios en el contrato original de 1991 se operaron para permitirle a Livent financiar una inversión de 300 millones de dólares. Si bien es cierto que la operación litífera en Catamarca es solo una parte del paquete transferido a Rio Tinto, Livent tiene el 44% de Arcadium. Le correspondería un porcentaje similar de la transacción: casi 3.000 millones de dólares, diez veces más que la inversión primigenia.
Lo que Murúa no alcanza a explicar es qué beneficios obtuvo la Provincia de Catamarca a cambio de configurar el escenario jurídico propicio para que semejante negocio se desarrollara al margen de la voluntad de la Provincia.
Resignación de soberanía
Es comprensible que no pueda hacerlo. La maniobra se realizó en la gestión gubernamental de la actual senadora nacional Lucía Corpacci, cuando él era solo un diputado provincial más, recién ingresado al bloque oficialista.
Tampoco debe resultarle sencillo congeniar los términos del convenio de 2017 con la retórica antiimperialista tan cara al kirchnerismo en el que abreva: lo que se confirma al comparar los contratos de 1991 y 2017 es una incontrastable resignación a favor de Livent de la soberanía que la Provincia tenía sobre las áreas y derechos que habían concedido más de un cuarto de siglo antes.
Esta entrega se asentó explícita en los cambios introducidos al convenio original en 2017, con una especificidad llamativa.
Livent, que entonces se llamaba FMC Lithium, quedó autorizada a “ceder en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia la totalidad de sus derechos y obligaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en mercados de valores internacionales”.
“Sin el consentimiento de la Provincia”: tal es el elemento clave.
Livent hizo exactamente lo que la modificación establecía como posibilidad: se asoció con Allkem en Arcadium y luego vendió todo a Rio Tinto.
El asunto no es la venta, sino que haya podido realizarse “sin el consentimiento de la Provincia”, gracias a la modificación de 2017.
La preocupación por anular intromisiones estatales se torna más sugestiva en cuanto se advierte que nada impedía a Livent ceder sus derechos en el contrato de 1991, salvo que para hacerlo debía contar con “la previa conformidad por escrito” del Estado. Y esta conformidad no podía “ser denegada en forma irrazonable”.
De tal modo, las operaciones que Livent realizó desde 2017 no requerían excluir al Estado catamarqueño del circuito. Livent podría haberlas ejecutado con solo gestionar el consentimiento de la Provincia, que por otro lado solo podría haberse negado oponiendo argumentos “razonables”.
Catamarca tiene dos directores y un síndico en Minera del Altiplano-Livent en virtud de que el convenio de 1991 le entregó una acción clase A del holding a la Provincia y otra a Fabricaciones Militares.
Los que participaron de la reunión anual de accionistas previa al convenio, el 20 de julio de 2017, designados por la administración Corpacci, fueron el por entonces secretario de Minería, Rodolfo Micone, y la directora de Minería, Ana Ulla.
Tal vez Murúa, o Lucía Corpacci, o las autoridades de Minería de 2017 puedan pergeñar algún justificativo “razonable” para que el Estado de Catamarca no haya participado de ningún modo en una transacción de 6.700 millones de dólares.
Mala praxis
Son curiosos los servicios que los operadores del nacionalismo, tan celosos de los intereses patrios amenazados por el RIGI, han prestado a las multinacionales. La abdicación de facultades provinciales soberanas perpetrada en 2017 permitió una concentración de capital sin precedentes en el “triángulo del litio”.
Liberada de estorbos estatales, la norteamericana Livent se fusionó con la australiana Allkem en Arcadium Lithium. Esta sociedad reunió las operaciones litíferas de ambas firmas en el Salar del Hombre Muerto de Catamarca y el Salar de Olaroz de Jujuy.
Hasta septiembre pasado, Arcadium Lithium promocionaba sus intenciones de continuar expandiéndose, pero en octubre anunció la venta a la anglo-australiana Rio Tinto, que es la segunda corporación minera y metalúrgica más grande del mundo y tiene su sede en Londres. Rio Tinto ya extiende su intervención en la Argentina hacia la explotación de cobre, más rentable que la del litio.
El antiimperialismo catamarqueño habrá de admitir que por lo menos quedó incurso en mala praxis. En 2017 emasculó a la Provincia y la despojó de facultades que le habrían resultado muy útiles para mejorar sus posiciones en el escenario que abre el RIGI.
Al menos en los balances de la Patria no se registró ningún beneficio de tamaña agachada.