La modificación del contrato entre la Provincia y la firma Livent, que le permitió a la empresa vender sus derechos en Antofagasta de la Sierra por 6.700 millones de dólares en efectivo al holding Rio Tinto, pasó por la Legislatura provincial para su aprobación. En este sentido, en la sesión del 20 de diciembre de 2017, fecha en que se debatió el tema en la Cámara de Diputados, se generó un extenso debate entre el oficialismo y la oposición.
A esa sesión, el contrato ley llegó con tres despachos de la Comisión de Minería. Uno del Frente Justicialista para la Victoria, que proponía su aprobación total tal cual lo enviaba el Ejecutivo provincial. Otro fue del bloque del Frente Cívico y Social-Cambiemos, que proponía modificaciones, y un tercero, de autoría del diputado Hugo Ávila (en ese momento de Unidad Ciudadana), que proponía el rechazo total del contrato.
El despacho del FCS-Cambiemos solicitaba suprimir dos puntos del nuevo contrato. Uno de ellos era la inclusión a la cláusula 24.1 del párrafo: “Las Partes acuerdan que FMC Corporation y sus sucesoras podrán ceder, en cualquier momento y sin la necesidad de consentimiento por parte de la Provincia, la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo (y sus modificaciones) a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en los mercados de valores internacionales”.
Durante el plenario, la oposición defendió su postura en torno a este tema y otros vinculados a lo que iba a dejar la empresa en concepto de regalías y responsabilidad social empresaria, la cuestión ambiental y la participación de los municipios en fideicomiso minero.
Finalmente, el contrato se aprobó con los votos del oficialismo y algunos de la oposición. En ese momento, el bloque del FCS estaba dividido en dos. Uno comandado por Marita Colombo y otro por Francisco Monti. El bloque comandado por Colombo votó en su totalidad en contra.
Durante el plenario, desde el oficialismo, el diputado Sergio Saracho defendió la ampliación del contrato al sostener que este nuevo acuerdo, que iba a generar la inversión de 300 millones de dólares por parte de la empresa, “repercutirá en mayores aportes al Estado, empleo y participación de proveedores locales” y “significará un antes y un después en Antofagasta de la Sierra y en toda nuestra provincia”.
Desde la oposición, el diputado Luis Lobo Vergara planteó que en la redacción del nuevo contrato “existen conceptos que no dan la claridad que debería darle a la satisfacción de las necesidades y de la protección de los recursos de todos los catamarqueños”. En este sentido, planteó que “la decisión de que la empresa pueda disponer libremente de la venta de la cesión de la propiedad minera es un beneficio extraordinario para la empresa”.
En la oportunidad, el diputado reiteró lo planteado por el Colegio de Geólogos quien consideró que la ampliación del contrato “no es conveniente” para la Provincia porque “vulnera la Constitución provincial; obliga a la Provincia a desistir de la potestad de transferencia de este recurso estratégico y las atribuciones reguladoras del Estado provincial y finalmente “contempla beneficios económicos poco justos en calidad de socios del proyecto”.
El legislador radical había planteado que el contrato anterior firmado en el año 1991, “establecía que la provincia tenía la potestad de opinar respecto de quiénes iban a seguir con la explotación minera”.
Por su parte, el diputado Jorge Sosa planteó sus preocupaciones en torno al contrato y pidió que el acuerdo “no se convierta en una licencia para entorpecer el medioambiente de la Puna catamarqueña”.
Planteos al Colegio de Geólogos
Durante esa sesión, el diputado provincial Francisco Monti se mostró distante del informe del Colegio de Geólogos. «Creo que ha sido un error por parte del Colegio señalar que las propiedades siguen perteneciendo a la provincia, sino que éstas han sido cedidas y transferidas en el año 1994», dijo el diputado.
Más adelante, cuestionó que el contrato sea “un paquete cerrado” por lo que aprobarlo y modificar al mismo tiempo algunas cláusulas en lo que tienen que ver con la posibilidad de vender, transferir la propia minera, son una contraprestación que se realiza en función de contraprestaciones que hace la otra parte”.
“Si nosotros aprobamos una parte del contrato, lo que estamos haciendo es rechazándolo. Y nosotros creemos que, más allá de los beneficios, esta modificación de este contrato y esta futura inversión en la provincia pueda generar para las arcas del Estado provincial, es un beneficio para el desarrollo económico de los catamarqueños”, dijo.