La multimillonaria venta por parte de la minera norteamericana Livent de sus derechos en la puna catamarqueña al holding Rio Tinto abrió la duda con respecto a si la Provincia, que tiene acciones clase A, dos directores y un síndico en la compañía, obtuvo algún porcentaje de la transacción. En este sentido, el diputado provincial y presidente de la UCR local, Alfredo Marchioli, afirmó que la empresa lucró con los recursos de la Provincia. Además, señaló que este posible perjuicio a las arcas catamarqueñas fue advertido por el Colegio de Geólogos de Catamarca en 2017, cuando se renovó el contrato entre Livent (FMC en ese momento) y el Ejecutivo provincial por la explotación del proyecto Fenix en el Salar del Hombre Muerto. Esta ampliación del contrato fue lo que le permitió a Livent vender su negocio dentro de un paquete adquirido por 6.700 millones de dólares en efectivo por Rio Tinto.
En efecto, cuando la Legislatura debatía el nuevo acuerdo entre la Provincia y la empresa en diciembre de 2017, el Colegio de Geólogos consideró que no era conveniente precisamente porque la Provincia desistía «de la potestad de transferencia de este recurso estratégico y de las atribuciones reguladoras del Estado provincial” y contemplaba “beneficios económicos poco justos en calidad de socios del proyecto”.
En este sentido, una de las partes más polémicas del nuevo acuerdo hoy vigente y que pasó desapercibida en su momento es la autorización de la venta de los derechos por parte de la firma. “Las partes acuerdan que FMC Corporation (Livent) y sus sucesoras podrán ceder, en cualquier momento y sin el consentimiento de la Provincia, la totalidad de sus derechos y obligaciones bajo este acuerdo y sus modificaciones a una compañía vinculada, ya sea presente o futura, incluyendo compañías vinculadas que fueran creadas con el propósito de convertirse en compañías públicas independientes que coticen y comercialicen libremente sus acciones en mercados de valores internacionales”, indica el contrato que es ley.
Del análisis de ese instrumento, el Colegio había dicho en ese momento que “no considera participaciones económicas a la Provincia de los dividendos y ganancias de la empresa derivadas de las operaciones de ventas de acciones en el mercado internacional de valores (renta financiera), tal cual se consigna en el contrato propuesto”.
El Colegio, en ese año presidido por Marchioli antes de ser diputado, advertía que la Provincia posee acciones clase A en la empresa y por lo tanto le correspondía “una justa participación en las ganancias originadas por la mera existencia y potencialidad del recurso minero, propiedad de la Provincia”.
Agregaba que el contrato previo a la aprobación del actual (celebrado en l 1991 y modificado en 1994), era “coherente y acorde al artículo Nº 66 de la Constitución de la Provincia de Catamarca en lo que respecta a la restricción de no ceder o transferir el total o parte de su contrato”, por lo que consideraba que los cambios que se introducían eran inconstitucionales.
“El contrato obliga a la Provincia a conceder permisos y habilitaciones, entre ellos la explotación de agua en caudales necesarios para las operaciones de la empresa que no están especificados, cuando se desconoce la existencia y disponibilidad del recurso hídrico en una zona donde el agua es escasa, limitada y condicionante para la vida y desarrollo de la región”, advirtió el Colegio.
En ese contexto, el Colegio consideró no conveniente la renovación del contrato con las modificaciones propuestas y sostenía que la modificación «constituye una inmejorable oportunidad para lograr mayores y mejores beneficios para Catamarca».
“A costillas nuestras”
En diálogo con “Mañana es hoy” de Radio Ancasti, Marchioli afirmó que la venta a Rio Tinto le está generando “una parva de dinero a Livent” y apuntó que los responsables de esta situación es el Gobierno.
“Cuando se habilitó el cambio de contrato en el año 2017, que lo firma Lucía Corpacci con FMC, se le autoriza la posibilidad de vender el proyecto”, recordó.
«Ahí aparece Livent y al ser el único proyecto de explotación y extracción de litio en el mundo, la venta no está relacionada con su gestión sino a nuestros recursos minerales. Es decir que si Livent llegó a esta venta, no fue producto de su gestión o de las buenas prácticas mineras tanto en el punto de vista económico, social y ambiental, sino por nuestros recursos minerales”, consideró.
El diputado sostuvo que desde la Provincia “o somos muy ingenuos o somos corruptos para llegar a esta situación en donde generamos condiciones para que empresas o capitales que incluso incurren en delito como la evasión fiscal, ganen plata a costillas de nuestros recursos”.
Marchioli recordó que al momento de firmarse este acuerdo, él estaba al frente del Colegio de Geólogos que expresó que “era un error” habilitar a la empresa que pueda vender el proyecto.
“El contrato original es de principios del 90 en donde hay un acuerdo tripartito. Fabricaciones Militares le cedía a Catamarca el yacimiento y Catamarca le cedía el usufructo a FMC, pero en ningún momento autorizaba a la venta, porque sino generan ganancias con nuestro yacimiento”, dijo, a lo que añadió que la Provincia tiene representantes dentro del directorio de la firma.
El diputado cuestionó que “se está vendiendo el proyecto” y que los catamarqueños “no ligamos nada”. En ese marco, afirmó que “el Gobierno está totalmente ausente de todo lo que está pasando en la minería porque son cosas que evidentemente no le interesa mientras haya otras cosas que funcionen, como negocios a través del tráfico influencias».