La decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender e inhabilitar por 10 años para ejercer cargos públicos al excanciller Álvaro Leyva Durán, por presuntas irregularidades en la licitación para la adjudicación del nuevo contrato de pasaportes, por $599.000 millones, que derivó en una multimillonaria demanda interpuesta por la firma Thomas Greg & Sons, desató una dura reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, que enfiló baterías contra la jefe del Ministerio Público, Margarita Cabello.
A través de su perfil de X, que es su principal plataforma de comunicación, pero a su vez la trinchera desde donde lanza fuertes ataques a sus contradictores, y en este caso a la procuradora, considerada una “enemiga” de su Gobierno, Petro cuestionó la dura sanción contra el veterano exfuncionario: y advirtió que esta es una violación de los derechos de Leyva, motivo por el que recordó, una vez más, siendo este su “caballito de batalla”, la decisión de la Convención Americana de los derechos humanos.
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“Me ha tocado mostrar a la opinión pública el desastre que representa para un país que una empresa privada busque controlar los datos privados de la ciudadanía y que además tenga el manejo de los escrutinios electorales como Thomas & Gregg (sic). No me gustó para nada lo que pasó en la Cancillería donde iban a premiar esa empresa con un pliego de licitación sastre, con el que esa empresa siempre gana”, adelantó Petro en la primera parte de su mensaje, en el que arremetió contra la procuradora.
Con ello, Petro insistió en la teoría de que la referida empresa es la que maneja los datos de los votantes en Colombia, al tener Thomas Greg & Sons contrato con la Registraduría Nacional del Estado Civil; aun cuando el propio registrador, Hernán Penagos, ha negado dicha información. “Lo mismo ha sucedido en la registraduría con la misma empresa. Mi crítica a ella me atrae la oposición del ex registrador Vega y de mi anterior amigo Benjamín (Ortiz), hoy firmante del adefesio del CNE”, agregó Petro.
Pero según el presidente, lo hecho por Cabello con Leyva, que es uno de los más fieles defensores del proyecto político del progresismo, pese a ser de cuna conservadora, más exactamente del pastranismo, por su relación con el fallecido exmandatario Misael Pastrana Borrero, “es un acto de inmensa injusticia”. Y todo porque en su concepto “ha inhabilitado políticamente” a Leyva con una sanción de pérdida de sus derechos políticos a perpetuidad; pues el exfuncionario ya cuenta con 82 años.
De acuerdo con el presidente, la determinación de Cabello “es un choque de frente contra la convención americana de DD. HH.”, que, reiteró, prohíbe taxativamente a las autoridades administrativas quitar derechos políticos. “Que un administrador, sin ser juez, quite derechos políticos, solo es propio de las dictaduras, no de las democracias”, afirmó Petro, que desde que se vio beneficiado con la decisión del organismo internacional, cuando era alcalde de Bogotá, se ha apersonado en contra de las decisiones de este tipo.
Por último, indicó que con “el cambio de doctrina” del Consejo de Estado, alto tribunal contra el que ha hecho públicas sus diferencias, en especial por avalar las facultades del Consejo Nacional Electoral en la formulación de cargos en su contra, el primer mandatario manifestó que existe un poder judicial que respalda a la procuradora “en el camino de destruir la Convención Américana de Derechos Humanos” y de tener como objetivo debilitar la justicia que opera en Colombia.
“En contra de sentencias de la Corte interamericana a la que se le quiere quitar la fuerza de sus sentencias, porque todas van a garantizar derechos fundamentales del pueblo. Se debilita así la justicia y se hace trizas la paz, que es la consigna de las extremas derechas, que solo pueden crecer y anhelan dictaduras y violencias. Colombia no necesita disminuir su democracia, sino ampliarla para alcanzar libertad, paz y democracia”, puntualizó el jefe de Estado sobre el particular.