Un intendente de Salta fue imputado por robo y contrabando de rieles, caso por el que ya había sido detenido su hijo. Se trata de Atta Miguel Gerala, jefe comunal de Coronel Juan Solá, y en la causa también están acusados José Miguel “Yopi” Gerala y el comerciante David Edilberto Medina.
El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, por pedido del fiscal general Eduardo Villalba, formalizó la imputación y ordenó el arresto domiciliario del intendente Gerala hasta el 31 de diciembre en el caso que se investiga el robo y contrabando de rieles desde el chaco salteño a Bolivia.
La imputación contra el jefe comunal es por los delitos de «contrabando agravado por su valor, el número de intervinientes y la participación de un funcionario público, en concurso real» con «robo agravado por ser cometido en despoblado y en banda, en grado de partícipe necesario».
“Se le sumó además el delito de malversación de caudales públicos, en función de que dispuso el uso de bienes públicos para el provecho personal”, destaca el escrito del Ministerio Público Fiscal porteño.
En un comienzo la investigación se centró en Medina, pero luego se pudo constatar que los Gerala “se valieron de las herramientas, maquinarias de corte y hasta el grupo electrógeno del municipio para concretar el delito”.
El fiscal, incluso, señaló que los rieles robados eran “resguardados en predios de la municipalidad y hasta en la casa del propio intendente, donde se secuestraron 15 rieles, valuados en la suma aproximada de $19 millones, durante los allanamientos realizados en los primeros días de este mes”.
Frente a este escenario, se sostiene que el jefe comunal tuvo una participación necesaria, debido a que aportó el material necesario para el robo de los rieles, incluso vehículos. Se explica también que los acusados se valían de la mano de obra de integrantes de comunidades originarias de la zona, quienes reconocieron su participación ilícita promovida por su hijo.
“Sin el aporte del intendente, las maniobras no se podían llevar adelante, pues el mismo ejerce una gran influencia en los pobladores”, aseguró el fiscal.
Con los elementos recaudados, se solicitó la prisión preventiva bajo la modalidad de arresto domiciliario por posible entorpecimiento de la investigación penal, como, por ejemplo, influir negativamente en los testigos.
“Dada la escala penal de los delitos imputados, el fiscal detalló que el mínimo de la pena que podría recaer en el intendente sería de 5 años de cárcel, por lo que la ejecución condicional queda excluida”, destacan.
La defensa, a cargo del abogado Darío Palmier, no objetó la imputación penal, pero si se opuso al arresto domiciliario, al sostener que su cliente estuvo a derecho en todo momento y que no iba a entorpecer la investigación.
Por último, el jefe comunal negó las acusaciones y aseguró que demostrará su inocencia, a la vez que rechazó cualquier vinculación del municipio con los hechos imputados.