El Gobierno declaró este jueves la «Emergencia Pública Ferroviaria» por un período de dos años. Esta es una herramienta que le permitirá acelerar el avance en «acciones necesarias para mejorar la seguridad operativa a través de la renovación de infraestructura».
La decisión se instrumentó mediante los decretos 525 y 526/2024, publicados en el Boletín Oficial, un mes después del accidente del tren San Martín en Palermo, que dejó casi un centenar de heridos.
Las normativas establecen la asignación de casi $ 1,3 billón ($ 1.293.780.000.000) para ejecutar las inversiones necesarias en mejorar la seguridad, de los cuales $ 350.000 millones tendrán que destinarse en este Presupuesto 2024.
Según los datos que maneja ASAP, sobre la base de información oficial, hasta abril habían sido ejecutados apenas $ 850 millones en infraestructura ferroviaria, una caída real de 98,1%. Y en cuanto a los subsidios se habían ejecutado $ 201.616 millones, una caída de 40,4% real.
La declaración de Emergencia Pública Ferroviaria abarca a los servicios de transporte de pasajeros y cargas de jurisdicción nacional por el plazo de 24 meses. A su vez, comprende la totalidad de las actividades inherentes a la administración y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria, así como la operación de los servicios de trenes nacionales.
Al mismo tiempo, se facultará a las empresas ferroviarias a renegociar las deudas y contratos heredados por la gestión anterior para destinar dichos recursos a la seguridad operativa.
«Para lograr dichos objetivos, y aun ante las dificultades económicas que atraviesa el país, se ha dispuesto un refuerzo presupuestario para recuperar el sistema ferroviario. Adicionalmente, el sistema recupera fondos que fueron desviados a otras áreas durante la gestión anterior«, dijo la Secretaría de Transporte en un comunicado.
Ahora, esa dependencia -que es la autoridad de aplicación de la emergencia- tiene 15 días para elaborar un plan de acción con las medidas urgentes que haya que tomar para resguardar la seguridad, «incluyendo las solicitudes de readecuación presupuestaria que resulten pertinentes».
Las empresas ferroviarias que dependen de la Secretaría deberán presentar propuestas con un esquema de priorización de obras, trabajos, capacitaciones y contrataciones, detallando el plazo de ejecución, el costo, la financiación y «en caso de ser necesario, las adecuaciones de las condiciones laborales de sus trabajadores mediante negociaciones con las representaciones sindicales».
Según indicaron desde Transporte, la emergencia estaba prevista incluso antes del accidente del San Martín. «Demoró porque no es un proceso simple. Requiere de cuestiones burocráticas. Sobre todo la asignación de estos fondos complementarios», aseguraron.
NE